Militantes de sindicatos de trabajadores estatales incrementaron los cortes de ruta hoy en los accesos a la capital a la espera de que se complete el pago del tercer rango de la masa salarial de julio para los empleados públicos provinciales, entre los que están incluidos quienes perciben más de 65.000 pesos.
Los cortes de ruta en Rawson se ubican sobre la provincial N°7 y la nacional N°25, con apertura por algunos minutos para permitir el paso cada hora, mientras aguardan que el ministro de Economía provincial, Oscar Antonena, anuncie el depósito del tercer rango en que se dividió el cobro de haberes.
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Esto se suma a los que se realizan al sur de Comodoro Rivadavia por parte de los docentes, y los montados sobre la cordillera del Chubut, en este último caso con la participación de municipales y viales. También se cortó la ruta nacional N°3 en el acceso norte a Trelew por parte de los empleados municipales del "Sistema de estacionamiento medido", que se pararon en la calzada para "visibilizar el reclamo", según explicó a Télam el dirigente de ATE que lidera el piquete, Luciano Bunge.
En medio de los reclamos, el gobierno de Chubut difundió por los medios locales el listado de los funcionarios de la Justicia que cobran por encima de los 400.000 pesos, en un intento de exponer a los integrantes de ese poder del Estado que advirtieron a través de documentos públicos sobre el inicio de acciones, si no se regulariza de inmediato la situación.
El secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, José Luis Ronconi cuestionó la difusión del listado. Argumentó que "le cambia el eje a la discusión, porque el tema no es lo que cobran los trabajadores que aportan con sus impuestos y esfuerzo, sino lo que se llevan las grandes compañías que nos ubican como la cuarta provincia exportadora".
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Para hoy se espera que la Legislatura unicameral de la provincia apruebe un proyecto de ley que envió el gobierno para utilizar parte del empréstito por 650 millones de dólares que se tomó en el primer tramo de la gestión del gobernador Mariano Arcioni para obras de infraestructura.
La intención es que con ese recurso financiero se pague el último tramo de los sueldos que se debe. Esto generó controversia porque la Constitución Provincial indica de que esos recursos extraordinarios "no pueden ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración".