Adrian Gerbaudo
Semanas atrás, un grupo de padres que conforman la comisión de egresados 2025 del Colegio Nacional enviaron una nota al Concejo Municipal de Rafaela solicitando ser recibidos por los concejales para asesorarse y requerir la gestión ante SADAIC y AADI CAPIF.
En la mañana de este miércoles, en la sala de sesiones del órgano legislativo local, fueron recibidos por los ediles y conversaron sobre los impuestos que son cobrados por estos organismos a la hora de realizar eventos, en especial, la graduación que están organizando. Asimismo, se sumaron padres de alumnos del Colegio Misericordia y Normal.
Al finalizar la reunión, Sandra Vega, madre de un estudiante dialogó con la prensa y comentó: “Estamos organizándonos porque las graduaciones comienzan a fines de noviembre. Estamos en una disyuntiva porque hacemos lugar al decreto del presidente, que dice que al ser una fiesta privada de un colegio con papás y alumnos no deberíamos pagar los impuestos de SADAIC y AADI CAPIF. Por este motivo acudimos al Concejo. De los concejales nos llevamos el apoyo y el compromiso”.
“Hay un lugar donde todas las escuelas que tienen más cantidad de egresados tenemos que acudir, que es la Rural, y estamos en una disyuntiva porque hacemos lugar al decreto de nuestro presidente que no debemos, al ser una fiesta privada de un colegio, con papás y alumnos, no deberíamos pagar los impuestos a la SADAIC y AADI CAPIF, así que bueno, por eso acudimos al consejo para asesorarnos y tener su apoyo”.
Ivana Grande, por su parte, indicó "Nosotros no estamos pidiendo el no pago del impuesto, es un impuesto que es a la música. ¿Qué sucede? Estas organizaciones nos están cobrando en base al cubierto que también ya recauda sus impuestos y todo".
“Todas las escuelas estaríamos abonando en este momento aproximadamente casi 9 millones de pesos porque es en función de la cantidad de personas que tiene habilitado el salón, que es de 1.200 personas”, dijo y agregó: “Si hoy SADAIC y AADI CAPIF pone el valor -no tenemos valores de las tarjetas- hoy pone un valor de 80 mil pesos la tarjeta -que posiblemente a fin de año estemos pagando eso, porque tampoco discrimina que sean menores los egresados que no estarían abonando la tarjeta o pagan la mitad de la tarjeta y nada- serían casi 9 millones de pesos”.
Vega añadió que la Rural, para poder alquilar el salón, les pide el comprobante de pago, una semana antes del evento.
SADAIC y AADI CAPIF afirman que el decreto presidencial es inconstitucional y hasta ahora ningún juez se expidió a favor o en contra de esto. Si no abonan, corren el riesgo de que no le den la llave del salón o que, incluso, le suspendan la fiesta en pleno evento.