Adrian Gerbaudo
En la tarde de este martes, Rafaela se sumó a la convocatoria para una movilización en defensa de la educación pública. En la ciudad, la convocatoria la realizaron desde el ISP N° 2, la UTN y la UNRaf y muchísimos rafaelinos se plegaron a la concentración.
Al igual que en el resto del país, Rafaela no fue la excepción y se dio una masiva convocatoria, en una ciudad en donde no es común esto.
Además de profesores, alumnos, no docentes, muchos ciudadanos de a pie decidieron participar bajo consignas como “la educación es un derecho”, por ejemplo.
Antes de marchar sobre el Bv. Santa Fe, tal como es una tradición en la ciudad para regresar a la Plaza, se leyó el siguiente documento:
Comunicado Paro y Movilización en defensa de la educación pública
Hoy, 23 de abril, nos encontramos en esta plaza y en las plazas de todo el país para defender la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, tal como lo estableció la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2008 en Cartagena de Indias: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”.
Sin embargo, el actual gobierno nacional ha decidido congelar el presupuesto universitario del ejercicio 2023 para el año 2024 a pesar de contar con una proyección de inflación interanual del 250% ¿Quién podría vivir con el mismo dinero que el año pasado? Esta decisión atenta contra las posibilidades de funcionamiento pleno de las universidades nacionales a lo largo y ancho del país: pone en riesgo la continuidad del dictado de las carreras, imposibilita la cobertura de los gastos de funcionamiento y servicios esenciales de nuestras instituciones, condiciona y deja menor disponibilidad de dinero para becas, para proyectos de articulación con la comunidad, para proyectos de investigación, para programas deportivos y culturales y precariza las condiciones laborales de docentes y no docentes.
En relación a los salarios, los ajustes paritarios fueron unilaterales y por debajo de la inflación, los salarios docentes, no docentes e investigadores e investigadoras se están licuando ante el profundo ahogo presupuestario que sostienen estas políticas de ajuste, quedando muchos de los sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Paralelamente a esta situación de emergencia presupuestaria en las universidades, asistimos al desfinanciamiento de las becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano, a la desarticulación de programas y actividades de bienestar estudiantil y de los programas específicos destinados a inversión en obras de infraestructura y equipamiento, como también al vaciamiento de los principales organismos y programas científicos - tecnológicos del país.
La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario y científico es grave y forma parte de un vaciamiento premeditado, que repercute en las familias y en las empresas de la ciudad y del país.
Reconocemos la situación de otros sectores que están sufriendo el impacto de las políticas de hambre y empobrecimiento. El futuro y el desarrollo de nuestra NACIÓN ARGENTINA, están en juego. Ningún país se proyecta si su población no se puede educar y formar; ni hablar de las necesidades básicas de comer y de tener una infancia donde no se violenten los derechos. Las propuestas del Ejecutivo Nacional son nefastas, en todo sentido. Necesitamos que los otros poderes del Estado Nacional respondan por y para lo que fueron elegidos y hagan respetar la Constitución Nacional.
Recordamos que en Argentina, la movilidad social ascendente se ha logrado, históricamente, gracias a la educación pública. Por lo que el “progreso” económico y social lejos está de conseguirse socavando las instituciones educativas. Ninguna libertad avanza cuando se cercenan oportunidades y se vulneran derechos. Nada está más lejos de una construcción democrática que la falta de diálogo, de consenso, la propagación del odio al otro, la persecución al que piensa diferente y el sometimiento de quienes dependen de su trabajo para subsistir.
No es momento de pensar cómo destruimos todo lo que está, sino cómo mejoramos lo que tenemos.
Finalmente, adherimos fervientemente a lo expresado por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) en la declaración del pasado 9 de abril: la defensa de la educación pública y de las universidades es la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria.
Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestros estudiantes y graduados son su mejor expresión.
¡No dejemos que la universidad sea un privilegio, la educación públicanos iguala y nos hace libres!
Sindicato de personal de docencia e investigación de UNRAF (SIDI); Asociación deTrabajadores y Trabajadoras No docentes de UNRAF (UNIRNOS); Asamblea detrabajadores/as de CONICET Rafaela; Asociación Gremial de Docentes de laUniversidad Tecnológica Nacional Seccional Rafaela (FAGDUT), Asociación deDocentes de la Universidad Tecnológica (ADUT), Asociación del Personal de laUniversidad Tecnológica Nacional (APUTN) y los Centros de Estudiantes de UNRaf ydel ISP N° 2 “Joaquín V. González.