La Sociedad Rural de Rafaela emitió un comunicado, en donde sentó su posición luego del fallo del juez Matías Colón, de la 2° Nominación del fuero Civil y Comercial de nuestra localidad, en el que anuló el artículo 4° de la ordenanza N° 5331, que regula las aplicaciones de agroquímicos en la jurisdicción rafaelina.
“Deseamos aclarar algunos ítems de suma importancia en el tratamiento de la problemática de aplicación de fitosanitarios. Consideramos que si no partimos de su real y verdadera comprensión se incurre en una serie de argumentos que carecen de valor científico y consecuencias no adaptadas al territorio en que se tratan”, sostienen.
En primer lugar se hace equivocadamente referencia al término “fumigaciones” lo cual se explicó y transcribió innumerables veces con fundamento científico-técnico que hoy lo que representa cabalmente a esa tecnología de control de plagas es “aplicación o pulverización”.
En segundo lugar se menciona que no existe control humano de la deriva de las pulverizaciones, lo cual también resulta inexacto ya que existen diferentes formas de medir y controlar las condiciones climáticas para evaluar las posibilidades de que ésta ocurra o no dentro de los parámetros exigidos, y para supervisarlo adecuadamente se impone la tarea de los inspectores. Las Buenas Prácticas Agrícolas incluyen protocolos para cuyo cumplimiento se realizan importantes capacitaciones tanto desde el ámbito público como privado.
En tercer lugar se refiere a que no existen pruebas de impacto toxicológico/ambiental acerca del uso de los productos biológicos a la fecha, siendo que los biofertilizantes/ curasemillas y demás productos tienen la aprobación del SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, organismo oficial de nuestro país, con sus respectivas pruebas de impacto ambiental y toxicológicos.
Estamos en movimiento… avances y retrocesos denotan un interés común…
Deben buscarse el consenso y las acciones coordinadas sobrepasando las diferencias.Resulta esencial superar estas instancias. Todos los actores sociales involucrados, tanto del sector público como del privado, podemos plantear un modelo de trabajo regional que se constituya en ejemplo para otros. Somos capaces y se lo debemos a las próximas generaciones.
Cumplimentar las disposiciones vigentes en relación a malezas y residuos en zonas periurbanas para preservar la seguridad y limpieza es un deber y un compromiso no solamente para quienes habitan en esos espacios sino una obligación que nos debemos como ciudadanos y como sociedad.
Insistimos en que la legislación sobre temáticas específicas y de tratamiento tan sensible para la población debe considerar seriamente la actualización de la tecnología y los avances científicos, la comprensión del fenómeno bio-psico-social-económico-productivo que implica y el contexto local en el que se desenvuelven. La desviación hacia instancias judiciales sólo sobrecarga y complejiza las tareas del sistema judicial, cuando en el ejercicio de un modelo democrático lo esperable es que se resuelva con solvencia desde el sistema legislativo.
La preservación del Medio Ambiente es una tarea URGENTE y de TODOS …
Como ciudadanos de una RAFAELA que mira al futuro demostremos RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.
