Adrian Gerbaudo
El martes 28 de febrero el Juzgado Civil de la 2º Nominación en los Tribunales de Rafaela se llevará a cabo una audiencia pública clave para el futuro de la ordenanza N° 5331, que regula la aplicación de agroquímicos en la jurisdicción local. En 2021 se aprobó la normativa y se esperaba que se pusiera en marcha a mediados del 2022. Pero, al llegar ese momento, dos organizaciones ambientalistas (ADAPA y Amigos de la Vida) pidieron anular dos artículos.
El primero de ellos es el 4°, que dice lo siguiente: “Fíjese un cinturón ecológico determinado por la superficie adyacente al área de seguridad, con un ancho de 150 metros, según la demarcación establecida en el plano adjunto a esta Ordenanza como Anexo I, hasta Enero de 2025 y a partir de esta fecha el Departamento Ejecutivo Municipal podrá ampliar el ancho por Decreto hasta otros 250 metros, ad referéndum de un dictamen elaborado por una comisión especial creada en el artículo 47°”. Además se cuestiona “el término de 50 metros (del art. 3 de la precitada ordenanza); disponiéndose en su lugar el término 200 metros”.
Concretamente lo que se definió en la normativa actualizada en diciembre de 2021 fue conservar una distancia de protección a la población respecto a los productos de síntesis química en los 200 metros, pero incorporando la opción de aplicación de productos orgánicos o biológicos a partir de los 50 metros. Y eso es justamente lo que reprueban los ambientalistas, que entienden que eso convierte a la norma en regresiva y que no cumple con el principio precautorio que rige en la Constitución Nacional. Para los productores, esta reducción “no se contrapone con el pedido de un grupo de ambientalistas y vecinos en el hecho de promover la agroecología, ya que la producción en este sentido se vale de estos productos que están en la naturaleza, a través de moléculas como los extractos vegetales, metabolitos producidos por bio organismos, sustancias bioquímicas, con géneros y especies provenientes de un hongo, bacterias o virus”. Y agregan que no hay denuncias de mala praxis a la hora de las aplicaciones. Tampoco un incremento de enfermedades detectados por organismos sanitarios.
La causa cayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación. Como está vacante, lo subroga el magistrado de la 1° Nominación, Matías Colón.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela afirman que “Es llamativa la intención de peticionar la anulación de la producción agropecuaria en la ciudad de Rafaela y toda su zona rural”. Destacan que hay 4.500 hectáreas en el periurbano, en donde hay 25 unidades productivas, entre ellas, 5 tambos. Y dejan entrever que, en el fondo, hay un interés inmobiliario: “No se puede escindir la relevancia de la calidad del suelo en la ciudad, pero a la vez del valor de los lotes con fines urbanos y la importancia en este aspecto del periurbano local”.
Los agroquímicos biológicos y la mirada de Sebastián Gómez
La Sociedad Rural de Rafaela hizo conocer en una comunicación que la semana anterior se llevó a cabo en Venado Tuerto el Segundo Encuentro sobre “Producción con Biológicos”, en la que se actualizaron datos sectoriales, pero también necesidades para agilizar el análisis y habilitación de productos para este segmento productivo. Quedó de manifiesto que hay muchísimos avances científicos, gran inversión y que se tiende a mejorar el vínculo entre la ciudad y el campo sin anular la productividad, complementando productos tradicionales.
En Argentina hay 942 registros de productos biológicos por parte del Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, incluyendo fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas, que corresponden a 158 empresas diferentes.
La mayoría están elaborados en base a bacterias, seguidos por los que tienen origen en hongos, destinados a cultivos de soja, principalmente, mientras que las leguminosas como maní, vicia, lenteja, arveja y garbanzo, son las que siguen en un listado de destino que se completa con los cereales como trigo y maíz, finalmente con forrajes como alfalfa y trébol.
En los cultivos nacionales, el 38 por ciento utilizan sólo fitosanitarios de síntesis química, el 29 por ciento un caldo compuesto por fertilizantes químicos y orgánicos, el 17 por ciento son enmiendas orgánicas, mientras que en el 13 por ciento utilizan fertilizantes orgánicos, quedando el porcentaje restante para enmiendas biológicas.
Según un relevamiento nacional de Research and Markets, en nuestro país los insumos biológicos generaron un movimiento productivo estimado en U$S 10.600 millones en 2021, con una tasa de crecimiento anual compuesta prevista del 11,9 por ciento para los próximos cinco años para llegar a la cifra de U$S 18.500 millones en 2026.
Cabe destacar que en nuestro país ya está disponible el sello “Bioproducto Argentino”, una distinción oficial que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a los biomateriales y bioproductos de la industria nacional, que estén elaborados con materias primas renovables provenientes del sector agroindustrial, que se destaquen por su innovación y aporte a la sostenibilidad.
Del mismo modo existen certificaciones y sellos orgánicos, entre otros, por lo tanto los organismos dedicados a la asesoría y control de producciones funcionan, trabajan y consiguen validaciones internacionales que le permiten al país homologar legislaciones y abrir mercados.
En Venado Tuerto estuvo el Ing. Agr. Sebastián Gómez, que tiene una especialidad en Seguridad Alimentaria y actualmente es supervisor técnico del Área de Registros de Productos Fitosanitarios y Fertilizantes Biológicos del Senasa. A partir de una consulta realizada por representantes del grupo Productores Unidos de Rafaela, señaló aspectos importantes a la hora de encontrar definiciones judiciales en temas vinculados a especialidades científicas.
“Hay que apoyarse en los ingenieros agrónomos, en el Senasa, en los organismos técnicos, hay que basarse en las normas”, para generar cualquier tipo de definición.
“Los municipios tienen la responsabilidad del ordenamiento en su territorio, pero eso tiene que ver con la fundamentación técnica, ya que en el caso de los fitosanitarios, todos están evaluados por Senasa, en base a normativa nacional e internacional, que incluso permiten que en otros países las aplicaciones se hagan a metros de las viviendas, siempre en base al buen criterio de las prácticas y con controles”.
El especialista que está trabajando en la definición de la nueva normativa para la aprobación y registro de productos biológicos y orgánicos de Senasa, que se abriría a consulta pública desde finales de marzo y durante dos meses, considera que “en los últimos años son más los abogados que los ingenieros agrónomos los que vienen hablando de los productos fitosanitarios, por lo tanto se demuestra que hemos perdido espacio en la discusión pública, esto incluye también a veterinarios y a biotecnólogos, entre otros, que somos los que tenemos la gran responsabilidad de cuidar el ambiente”.
Gómez subraya que “lo que ha sucedido es que los jueces entienden más los panfletos, que las razones técnicas y la necesidad del uso de estos productos, entonces muchas veces se da vuelta todo y ponernos a los profesionales y a los productores del lado de los malos”.
Lo que el funcionario enfatiza es que en decisiones productivas tiene que tener un mayor peso la valoración que hagan quienes conocen técnica y científicamente el tema, para poder evaluar realmente el impacto de las medidas.