La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó un allanamiento en una financiera céntrica de la ciudad de Rafaela, en donde constató que se le retenía tarjetas de débito para cobrar beneficios sociales y hasta DNI a quienes le entregaban créditos. La policía se llevó del lugar unos 250 plásticos, computadoras, documentación, entre otros elementos útiles para la investigación que lleva adelante el fiscal Martín Castellano.
Una gran cantidad de público se congregó en la tarde de este viernes en San Martín al 100, casi en la esquina con Lavalle, frente a una entidad financiera. Iban a buscar la tarjeta que usaban para cobrar la Asignación Universal por Hijo, la cual había dejado -voluntariamente, junto a la clave para el cajero- como garantía del pago del crédito que habían recibido.
En los meses anteriores, el personal de la financiera iba, cobraba cada uno de los beneficios sociales, y convocaba a los beneficiarios para darle el dinero, con el descuento correspondiente al pago del crédito. Pero, enmarcados en el aislamiento social obligatorio, el local estuvo cerrado en estos días. Y avisó que vayan todos este viernes por la tarde.
El fiscal Castellano actuó de oficio al enterarse de la retención de estos plásticos. Y le solicitó al juez de la IPP, Javier Bottero, que lo habilite a realizar un allanamiento.
Las personas se congregaron en reclamo de los plásticos para poder cobrar el dinero. Pero ese material quedó como parte de la prueba que deberá presentar el fiscal ante el juez, en una futura imputación, que se realizará luego del fin de la cuarentena. ¿Podrán recuperar las tarjetas?
