El Gobierno nacional modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a posibles delitos detectados en redes sociales, luego del aumento de amenazas de ataques contra escuelas y otros lugares públicos.
La medida fue establecida mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La disposición amplía las situaciones en las que los agentes pueden continuar con tareas preventivas cuando las publicaciones o cuentas investigadas involucren a menores de edad.
Qué establece la nueva normativa
El protocolo mantiene como regla general la protección de los datos personales. En ese sentido, prohíbe que las fuerzas traten información sensible o publicaciones realizadas por niños y adolescentes sin una autorización judicial.
Además, establece que cuando los investigadores adviertan o sospechen que una tarea de prevención en internet involucra a un menor, deberán suspender el procedimiento, dejar constancia en el registro correspondiente e informar a la autoridad responsable.
Las excepciones previstas
El monitoreo podrá continuar cuando exista riesgo para la vida del menor, indicios de que se encuentra desaparecido, fugado o separado de su entorno, o señales de conductas autolesivas o suicidas. En este último caso, no será necesario comprobar que el peligro sea inminente.
La intervención también podrá mantenerse cuando el menor sea víctima de un delito que esté ocurriendo en tiempo real y la suspensión impida prevenir el hecho o identificar al responsable.
Otra de las excepciones alcanza a las publicaciones que permitan sospechar la amenaza, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública. La disposición se aplicará tanto si el menor aparece como posible víctima como si es señalado como autor.
Cómo deberán actuar las fuerzas
En todos esos casos, los agentes deberán explicar detalladamente las razones por las que decidieron continuar con el monitoreo y comunicar la intervención de manera inmediata a la autoridad a cargo de la investigación.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que el protocolo anterior resultaba insuficiente ante situaciones urgentes difundidas en plataformas digitales. La modificación entró en vigencia este miércoles 29 de julio, desde su publicación en el Boletín Oficial.