Viviana Montenegro
Los concejales de Bien Común y la UCR resaltaron la aprobación de la Emergencia Ambiental en materia Sanitaria en el Distrito y desmintieron categóricamente al Intendente Aristimuño en su amenaza de vetar la nueva norma.
“Por primera vez el Concejo Deliberante aprobó una norma que indica la responsabilidad ambiental y sanitaria de la empresa y del Municipio. Algo que adoptamos -pensando en los vecinos- de la propia Constitución Nacional y que no estaba mencionado en las ordenanzas anteriores que solo referían a cuestiones técnicas”, indicaron.
“Para nosotros ya no tenemos un problema de falta de obras sino que hay un agravamiento ambiental que genera una situación de contaminación que puede dañar la salud de la población, es alarmante que el Intendente y sus concejales quieran negar eso. La Nueva ordenanza también refiere a la necesidad de controles sanitarios y a exponer ante el Gobernador de forma permanente los problemas generados por los derrames cloacales y por la falta de acceso al agua potable como está ocurriendo en Pehuen-Có ante los reclamos de dicha comunidad”, afirmaron los concejales Lisandro Delle Donne, Nestor Martinez, Daniel Medina y Liliana Taboada.
La emergencia qué el Intendente amenaza con vetar también obliga a que el Municipio deba publicar mediciones ambientales que determinen la contaminación del sistema pluvial y su vertido a la costa del Distrito y el deber de exponer esta situación en cada Audiencia Pública convocada anualmente por la Empresa ABSA y la Autoridad del Agua, algo que Rosales no ha realizado desde el Municipio.
“Ante las audiencias públicas, el Municipio nunca expuso la situación Sanitaria que se vive en la Ciudad. En esa circunstancia la empresa expone sus planes de Obras, el último año las inversiones de recambio de colectores para el Distrito han sido considerablemente menores a las de otros Municipios de la Región con menor tasa de habitantes”.
“Esta circunstancia la expusimos ante el oficialismo y no tenemos respuestas. Incorporar la materia Sanitaria y ambiental obliga a medir la contaminación y a exponer el tema anualmente ante la Autoridad del Agua y a los legisladores que programan el presupuesto. Todos los cambios son acciones lógicas y de acompañamiento a todos los vecinos que padecen los derrames cloacales o la falta de agua potable”.
Por último desde Bien Común y la UCR informaron que la ordenanza fue puesta a consideración de todos los concejales y que tanto Unión por la Patria como Primero Rosales no la acompañaron argumentando qué la situación en Rosales “no es de emergencia”. “Creemos que sería un retroceso por parte del Oficialismo ir en contra de una ordenanza que dispone la obligación de plantearle todos los años al Gobernador este tema -tanto al actual gobernador como a quien lo suceda- y que se deban rendir cuentas públicas de dichas gestiones”