Confirmaron condenas por estafas con legajos de taxis y remises en Punta Alta

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Justicia Foto: (Imagen ilustrativa)

La Justicia ratificó las penas en suspenso para 9 acusados, entre ellos dos empleados de la dirección de Tránsito de Coronel Rosales que, a su vez, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los hechos investigados y probados se produjeron en dos períodos: de septiembre de 2006 a noviembre de 2008 y entre enero y marzo de 2009.

Un grupo de 9 personas, entre ellas dos que cumplían funciones en la dirección de Tránsito de Coronel Rosales, fueron condenados por una serie de estafas cometidas hace más de una década con legajos de taxis y remises en Punta Alta. La sanción, dispuesta por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani, acaba de ser confirmada por la Cámara Penal.

Los hechos investigados y probados se produjeron en dos períodos: de septiembre de 2006 a noviembre de 2008 y entre enero y marzo de 2009. Y el caso tuvo demora en su resolución por diferentes apelaciones y revocatorias.

Las penas fueron todas en suspenso, es decir que no irán a la cárcel salvo que incumplan alguna regla de conducta, entre ellas la realización de tareas comunitarias sin remuneración a favor del Estado, durante 144 horas por año.

Las principales sanciones fueron para Jorge Pablo Gahona (54) y Eduardo Fabián González (53), a quienes, a su vez, les ratificaron la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años y una multa individual de 40 mil pesos.

A los acusados les imputaron que durante dos periodos: entre el 22 de septiembre de 2006 y el 4 de noviembre de 2008 y entre el 21 de enero y el 12 de marzo de 2009, en Punta Alta, ofrecieron a la venta y vendieron legajos de remises que no le correspondían y que no estaban en condiciones de transferirlos, cometiendo de esa manera múltiples estafas.

La acción, que incluía el envío de cartas a la Municipalidad de Coronel Rosales por parte de potenciales víctimas, contaba con la complicidad de empleados del área de Inspecciones, que continuaban el trámite para el otorgamiento, pero con datos falsos de los transmitentes de las licencias.

La causa se originó a partir de denuncias formuladas por titulares de licencias de remís de Punta Alta, en atención a los perjuicios económicos que les generaba la supuesta suspensión o paralización de los trámites vinculados a sus legajos.

De esa manera se advirtieron las irregularidades en el procedimiento administrativo y se llegó a la denuncia penal.

Uno de los denunciantes declaró que para esa fecha, junto a su mujer, habían adquirido un auto con la intención de “ponerlo a trabajar como remís” y que por ese motivo acudieron a la dirección de Tránsito rosaleña.

En esa dependencia les dijeron que debían iniciar el trámite en la Mesa de Entradas y abonaron el arancel por la transferencia, recibiendo un recibo con la suma entregada y el número de legajo (362).

Tiempo después el hombre se volvió a presentar en la comuna para averiguar y un empleado le dijo: “está todo parado, no les podemos entregar nada”. Luego pudo establecer que su número de legajo no existía.

Pena recibida individual

Jorge Gaona y González, del área de Inspecciones, recibieron 2 años y 9 meses de prisión en suspenso, 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, 40 mil pesos de multa individual y deberán cumplir distintas reglas de conducta por 4 años (entre ellas trabajo no remunerado durante todo ese plazo, con 144 horas por año).

A Javier Alejandro Gahona (49) y Gastón Andrés Martínez (52) les impusieron 2 años y 5 meses de prisión y la licenciada María de los Ángeles Alfaro (55) recibió 1 año y medio de cárcel.

Romina Paola Reynoso (48), Mónica Gabriela Martínez (52) y Fortunato Trípodi (77), en tanto, recibieron 1 año y 4 meses de condena y José María Maciel (63), 1 año y un mes.

A los últimos 6 también les fijaron multas económicas y reglas de conducta, aunque de menor proporción.

La Cámara Penal (votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri) ratificó la sanción de todos, luego de rechazar el planteo de la defensa, salvo en el tema de la inhabilitación para los que no eran funcionarios al momento de los delitos.

Fuente: La Nueva

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