Redacción Vía Punta Alta
La iniciativa impulsada por varios diputados libertarios como Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Geraldine Calvella y Gastón Abonjo y el legislador del PRO Alejandro Rabinovich, entre otros, establece un régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales.
Además, retribuciones por los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a aquellas personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país.
Respecto de la atención en hospitales públicos, el proyecto establece que la prestación ddeberá ser pagada mediante un seguro de salud.
En el caso de urgencias, se establece que ninguna persona podrá ser “rechazada, demorada o condicionada” cuando esté en riesgo la vida y que el eventual recupero se tramitará “una vez que el paciente esté estabilizado”.
También se aclara que las personas extranjeras con residencia temporaria o transitoria, autorización precaria o sin categoría migratoria vigente, deberán acreditar seguro de salud, cobertura de un tercero obligado o cancelar el arancel antes de recibir la atención médica habitual o programada.
SALUD
El proyecto establece que el ministerio de Salud bonaerense a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), deberá publicar el nomenclador arancelario, mientras que los centros de salud deberán registrar la prestación, identificar al sujeto obligado y emitir la liquidación correspondiente.
El cobro se dirigirá prioritariamente hacia aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros alcanzados por convenios y en ausencia de éstos, contra el paciente.
El proyecto exceptúa del cobro a víctimas de trata de personas y las acciones vinculadas a la prevención de enfermedades como, por ejemplo, vacunación.
Finalmente establece que los recursos recaudados se destinarán a obras de infraestructura en hospitales y a la compra de insumos.
EN LAS UNIVERSIDADES
Respecto de las universidades con asiento en la Provincia, el proyecto habla de establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Cada órgano de gobierno universitario será el encargado de fijar el monto del arancel.
Como se trata de un proyecto presentado en la Provincia, no alcanza a las casas de estudio de jurisdicción nacional como es el caso de la Universidad Nacional de La Plata y otras 20 instituciones. Tampoco a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
En cambio, comprendería a la Universidad Provincial de Sudoeste y a la Universidad Provincial de Ezeiza.
La iniciativa de los diputados libertarios y del PRO establece además que tanto el ministerio de Salud como las distintas casas de estudio deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones y de estudiantes alcanzados, montos facturados, percibidos, cobros administrativos y destino de los recursos.
Finalmente, se invita a los municipios a adherir a la ley en el caso de que cuenten con servicios de salud. De hecho, varios de ellos administran hospitales o centros sanitarios.
El arancelamiento a extranjeros es un viejo debate que se reavivó con la asunción de Javier Milei y que estuvo en escena fuertemente, en el caso de las universidades, en el marco del conflicto presupuestario entre la Nación y las casas de altos estudios.
Fuente: El Día