Jimena Leguizamón
Un juez federal de Misiones fue quien solicitó y autorizó los allanamientos que destaparon una red de contrabando de vehículos de alta gama ingresados ilegalmente al país. La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, Dr. Marcelo Cardozo, y derivó en cinco procedimientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los operativos fueron llevados adelante de manera conjunta por la Dirección General de Aduanas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva, bajo la investigación del fiscal federal de Puerto Iguazú, Marcelo Bernachea. Como resultado, se secuestraron cuatro automóviles de lujo —dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang— formalmente radicados en Paraguay, con un valor que supera ampliamente los $100 millones por unidad. También fue incautada una camioneta Toyota SW4 con patente argentina.
Durante los allanamientos se detuvo e incomunicó a dos ciudadanos argentinos, y se secuestraron además $30 millones en efectivo, 20 mil dólares estadounidenses y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.
La causa se originó a partir de una investigación de la Aduana, iniciada tras detectar maniobras sospechosas en el paso fronterizo de Paso de los Libres. Según se determinó, ciudadanos residentes en Paraguay ingresaban los vehículos al país bajo el argumento de visitas turísticas, amparándose de forma indebida en el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Sin embargo, al regresar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino para su uso y explotación comercial.
Las pruebas reunidas indican que la maniobra era realizada por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes exhibían los autos en redes sociales y los utilizaban en videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones audiovisuales. Uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora de eventos, aunque no registraba actividad económica declarada ante los organismos fiscales.
De acuerdo al artículo 865 del Código Aduanero, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado. La investigación continúa en curso y las autoridades estiman que el esquema ilegal funcionaría, al menos, desde el año 2023.