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| jueves, 30 de julio de 2026
Una organización dedicada al rescate y protección de animales denunció un presunto caso de maltrato animal en el barrio Itaembé Guazú, en Posadas, donde una mujer mantendría a varios gatos en jaulas expuestas a la intemperie y a perros en condiciones incompatibles con su bienestar, algunos de ellos atados, encerrados y presuntamente víctimas de agresiones.
El caso tomó estado público luego de que la fundación difundiera imágenes y videos en redes sociales, tras considerar que las denuncias realizadas con anterioridad no habían tenido avances.
Según explicó el rescatista Lucas Gómez, integrante de la organización, la vivienda se encuentra en la zona de las 508 Viviendas y la situación habría sido advertida por vecinos, quienes realizaron distintas presentaciones ante las autoridades.
Desde la fundación indicaron que, tras la difusión pública del caso, comenzaron gestiones para que la investigación sea remitida al Juzgado de Instrucción N.º 7, al considerar que los hechos denunciados podrían constituir un delito penal y no una simple contravención.
La organización sostuvo que la intervención inicial derivó el expediente al ámbito de un juzgado de faltas, aunque considera que la gravedad de los hechos amerita una investigación penal.
Además de solicitar una investigación judicial, la fundación advirtió sobre las limitaciones de la legislación vigente en materia de protección animal y señaló que las penas previstas para este tipo de delitos resultan insuficientes para desalentar los casos de maltrato.
También planteó la necesidad de crear centros públicos de rehabilitación y resguardo para animales rescatados. Según explicaron, una de las principales dificultades al momento de avanzar con las denuncias es la falta de espacios donde alojar a los animales que podrían ser retirados de sus propietarios.
Desde la organización afirmaron que, en muchos procedimientos, quienes realizan la denuncia deben ofrecer un lugar para recibir a los animales, ya que actualmente ni la Justicia, ni los municipios, ni otros organismos estatales cuentan con infraestructura específica para ese fin.
El caso continúa bajo análisis mientras se aguarda la definición sobre la competencia judicial que tendrá la investigación.
Jimena Leguizamón