Passalacqua impulsó una ley para ampliar los controles sobre las empresas y sociedades del Estado misionero
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua y aprobada por unanimidad en la Legislatura, incorporó nuevas estructuras estatales al esquema de fiscalización. La normativa entrará en vigencia el 1° de enero de 2027 y establece mayores obligaciones de control y rendición de cuentas.
Jimena LeguizamónMisiones avanzó en la ampliación de los mecanismos de control sobre los recursos públicos con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, una iniciativa impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua y aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes.
La reforma incorpora a 16 sociedades y entidades con participación estatal al esquema de fiscalización del organismo, que tendrá nuevas atribuciones para supervisar el manejo de los recursos y deberá presentar anualmente ante la Legislatura un informe sobre los resultados de su tarea.
La normativa entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas comenzó a trabajar en su reglamentación y en la preparación de los equipos profesionales que asumirán las nuevas responsabilidades.
Entre las entidades alcanzadas figuran Energía de Misiones (EMSA), Aguas Misioneras, Marandú Comunicaciones, Biofábrica, MisioPharma, Sociedad del Conocimiento, Silicon Misiones, el Fondo de Crédito Misiones, Multimedios SAPEM y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), entre otras.
El alcance de la reforma comprende sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas de economía mixta y entidades en las que la Provincia tenga mayoría de capital o capacidad de decisión.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas extenderá su fiscalización a estructuras empresariales que administran fondos públicos y que hasta ahora no estaban alcanzadas bajo el mismo esquema de control.
Más controles y obligaciones de rendición de cuentas
La modificación representa una ampliación de las facultades de un organismo que ya tiene a su cargo el control de los municipios y de los tres poderes del Estado provincial.
Con la incorporación de las sociedades estatales, la reforma apunta a fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión sobre los recursos públicos, independientemente de la estructura administrativa mediante la cual se gestionen.
Uno de los aspectos centrales será la obligación de informar anualmente a la Cámara de Representantes sobre los resultados de las auditorías y las tareas de fiscalización. Esto permitirá sumar una instancia de seguimiento legislativo sobre el funcionamiento de las entidades alcanzadas.
La iniciativa también introduce mayores exigencias de transparencia en ámbitos vinculados con la prestación de servicios, el desarrollo de actividades productivas y la administración de empresas con participación estatal.
La reglamentación y la puesta en marcha
Tras la aprobación legislativa, el desafío estará en la implementación de los nuevos mecanismos. El Tribunal de Cuentas trabaja en la reglamentación de la ley y en la adecuación de sus equipos técnicos para responder al incremento de las tareas de fiscalización.
La entrada en vigencia, prevista para el comienzo de 2027, marcará el inicio de una nueva etapa para el organismo, que deberá extender sus controles a un conjunto más amplio de estructuras vinculadas con la administración provincial.
La reforma impulsada por Passalacqua plantea así un cambio en el alcance del control estatal: las sociedades y empresas en las que la Provincia tiene participación mayoritaria también deberán quedar bajo mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
