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| martes, 09 de junio de 2026
La crisis del sector yerbatero volvió a encender el debate en Misiones luego de que el ministro del Agro y la Producción advirtiera que un pequeño productor puede perder cerca de 15 millones de pesos por cosecha debido a la fuerte caída del precio de la hoja verde.
Según explicó el funcionario, si el valor de la materia prima hubiera mantenido la misma cotización en dólares que registraba en diciembre de 2023, los productores deberían percibir alrededor de 742 pesos por kilo. Sin embargo, actualmente cobran cerca de 250 pesos, lo que representa una diferencia de 492 pesos por kilo.
Tomando como referencia a un productor familiar que comercializa unos 30.000 kilos de hoja verde por cosecha, esa brecha se traduce en una pérdida estimada de 14,7 millones de pesos. Desde el Gobierno provincial sostienen que este escenario afecta especialmente a las familias rurales que dependen de una o dos cosechas anuales para sostener su actividad económica.
El impacto también se refleja a nivel provincial. De acuerdo con los cálculos difundidos por el ministro, si la situación alcanza a unos 10.000 productores, las pérdidas superarían los 147 mil millones de pesos por año, recursos que dejan de circular en las economías regionales y en las comunidades vinculadas a la producción yerbatera.
Desde la administración misionera atribuyen esta problemática a la desregulación del mercado impulsada por el Gobierno nacional a partir de la entrada en vigencia del DNU 70, que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Durante más de dos décadas, el organismo tuvo la potestad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, una herramienta que, según los productores, contribuía a equilibrar la cadena productiva.
Con el nuevo esquema, el precio quedó sujeto a las condiciones de oferta y demanda, una situación que, de acuerdo con los reclamos del sector, favorece a los actores más concentrados de la actividad y debilita la posición de los pequeños productores.
En este contexto, el oficialismo misionero continúa promoviendo iniciativas para restituir las facultades regulatorias del INYM y reclama medidas que permitan garantizar la rentabilidad de las explotaciones familiares. Mientras tanto, la situación del sector yerbatero sigue siendo uno de los principales focos de preocupación económica y política en la provincia.
Jimena Leguizamón