Jimena Leguizamón
Ayer domingo, choferes que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber y Didi marcharon en caravana por las calles de Posadas para manifestarse contra una ordenanza recientemente aprobada por el municipio. La normativa impone una serie de requisitos técnicos y administrativos que, según denuncian los trabajadores del sector, son imposibles de cumplir para la mayoría, dejando a miles de conductores en una situación de precariedad e informalidad.
La movilización, que partió desde la intersección de Santa Catalina y Urquiza y recorrió la costanera, fue la segunda protesta del sector en poco más de un año. La primera se realizó el 28 de abril del año pasado, también en rechazo a las condiciones impuestas por la normativa local.
A la falta de regulación adecuada se suma un clima de creciente violencia en las calles. Los choferes denuncian agresiones físicas y verbales, principalmente por parte de taxistas. Las zonas más críticas señaladas son la terminal de ómnibus, la estación de trenes y el aeropuerto, donde se han registrado episodios reiterados. En uno de los casos más recientes, un conductor de Uber fue golpeado tras dejar a un pasajero en la estación; intervino Gendarmería Nacional y dos agresores fueron detenidos.
Actualmente, se estima que en Posadas operan más de 2.500 autos y unos 800 motociclistas con plataformas digitales. Sin embargo, solo tres personas habrían logrado cumplir con los requisitos de la ordenanza municipal. Entre las principales trabas, se destacan las exigencias relacionadas con la antigüedad de los vehículos y la falta de un carné metropolitano que habilite a trabajadores provenientes de localidades vecinas.
Desde el sector insisten en que la normativa no contempla la realidad económica de los choferes, y solicitan una modificación urgente que permita la regularización sin exclusión.