En tiempo récord, la Justicia misionera dio lugar a la Medida Cautelar presentada en el día de ayer por el Defensor del Pueblo Alberto Penayo, la Ministra de DDHH Lilia "Tiki" Marchesini y el diputado Roque Gervasoni.
A partir de dicha resolución la empresa SAMSA deberá abstenerse de facturar a los usuarios afectados por los servicios no prestados. Asimismo, tendrá que asistir a la audiencia pública de la semana entrante y presentar un Plan de Contingencia y urgencia, respecto a la provisión del servicio del agua potable en conjunto con el IMAS; EPRAC y Energía de Misiones.
Además, estarán obligados a comunicar con una semana de antelación, cortes programados. Y en el caso de generarse dichos cortes, deberán asegurar la provisión de agua que asegure el consumo indispensable de las necesidades básicas. Finalmente tendrán la obligación de realizar inspecciones técnicas en cada barrio afectado, a fin de solucionar las distintas problemáticas en relación al líquido vital.
"De esta manera se traslada la instancia administrativa que se llevaba adelante desde la Defensoría al ámbito de la Justicia. Y en el caso de que la empresa no cumpla con la resolución, solicitaremos astreinte" sentenció el Defensor del Pueblo.