Redacción Los Andes
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dará sus últimas palabras antes del veredicto en la causa Vialidad el próximo 29 de noviembre, según el cronograma anunciado por el Tribunal Oral Federal 2. La titular del Senado está acusada de ser la supuesta jefa de una “asociación ilícita” y administración fraudulenta. Por los delitos, la fiscalía pidió 12 años de prisión.
Será el martes 22 cuando comiencen las últimas palabras de los 13 acusados en la llamada “Causa Vialidad”, entre ellos la vicepresidenta, de manera previa al veredicto.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharán el próximo martes 22 a la primera tanda de acusados desde las 1030 y una semana más tarde será el turno de los restantes.
Luego de esa audiencia se informará cómo seguirá el debate.
El próximo martes expondrán los acusados Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala, si es que desean hacer uso de su derecho a hablar por última vez ante el Tribunal, de manera previa al veredicto.
El 29 será el turno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López.
La audiencia se reanudó este viernes con la llamada “dúplica” del abogado del acusado empresario Lázaro Báez, Juan Villanueva, a dichos de la fiscalía vinculados a incorporación de prueba nueva mostrada en su alegato, obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública.
”Cualquier cosa parece servir para intentar revivir una acusación que ya fue herida de muerte por todas las defensas”, advirtió el defensor.
El abogado de Báez sostuvo que los alegatos de las trece defensas fueron “tan sólidos” que la fiscalía “eligió autopreservarse y decir que no iba a replicar”.
”Eligieron los fiscales no decir absolutamente nada respecto de los agujeros groseros de la investigación, después de que las defensas demostramos de manera indiscutible que el Ministerio Público Fiscal faltó a la verdad”, agregó.
A la hora de responder de manera puntual al planteo por introducción de prueba nueva en su alegato sin incorporarla antes a la causa para el acceso a todas las partes, sostuvo que “parece existir alguna confusión” en la fiscalía.
”El planteo del señor fiscal se empieza a poner un poco surrealista”, al remarcar que usó información pública “para demostrar que la acusación es falsa”.
”La fiscalía renunció conscientemente a la búsqueda de la verdad en este juicio”, afirmó en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La defensa usó “todos los medios legales para demostrar que la acusación es falsa y lo demostramos”.
”Voy a hacer todo lo que la ley me permite para defender a Lázaro”, aseguró el abogado y remarcó que pidió “información pública”.
La fiscalía no replicó “porque no se puede replicar contra la realidad, contra una foto satelital y, por eso, eligieron los fiscales seguir renunciando a la verdad y atacar la forma, no dijeron nada sobre la verdad que contiene la prueba”.
En la audiencia pasada, Luciani sostuvo que su acusación “se mantiene absolutamente incólume”, en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales a favor de Báez entre 2003 y 2015, que se sigue entre otros a la vicepresidenta.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.
La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.