Roberto Pico
La mañana de este martes será de alta tensión política porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tendrá su habitual reunión de acordada y, en los últimos días, creció la versión que dejará firme la sentencia a prisión por corrupción que pesa sobre la expresidenta Cristina Kirchner.
El Máximo Tribunal deberá decidir si confirma o no el fallo del Tribunal Federal Oral N°2 que dictó en 2022 y establece una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la exmandataria. Esta sentencia fue ratificada en 2024 por la Cámara de Casación Penal.
La herramienta jurídica sería la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que autoriza al Máximo Tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin mayores fundamentos.
De esta forma, la CSJN no tomaría en cuenta los recursos de queja de los abogados defensores de la expresidenta, con lo cual ya no habría más instancias de apelación.
La reunión de acordada de la que participarán Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Ronsekrantz -vicepresidente- y Ricardo Lorenzetti, está prevista que se inicie a las 10 de la mañana.
En la interpretación de muchos especialistas que analizan los movimientos de la Corte, luego que la semana pasada se rechazara la recusación de Lorenzetti quedó allanado el camino para que se aceleren los tiempos sobre la decisión final.
Si bien Cristina Kirchner anunció su postulación como candidata a diputada por la tercera sección electoral bonaerense, la decisión de la Corte impediría su candidatura porque el plazo de inscripción de las listas vence el 19 de julio.
El análisis del caso
Como todo lo que rodea a CFK, esta declaración del Máximo Tribunal también está atravesada por miradas contrapuestas, incluso entre los constitucionalistas más respetados del país.
Para Daniel Sabsay, Cristina Kirchner debe cumplir la condena: “Esto ha pasado más por las manos de varios jueces. Ya he perdido la cuenta. Inclusive tardó demasiado tiempo. Tuvo la suerte de que no se sancionara Ficha Limpia, con lo cual quedó habilitada para ser candidata”.
“La victimización es lo único que queda porque no tiene posibilidad de hacer frente con argumentos lógicos a todos los delitos que ha cometido”, señaló el constitucionalista.
En la vereda opuesta, Andrés Gil Domínguez consideró que “la clave es el camino que va a desarrollar la Corte”. “Si va a dictar un fallo fundado, donde habrá analizado los recursos extraordinarios, o va a utilizar la vía del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que es contrario a la Constitución y a los tratados sobre Derechos Humanos”, consideró. A su juicio, “la vinculación y el nexo causal con el delito es mínimo”.
Por su parte, Felix Lonigro, enfatizó “un pronunciamiento de la Corte ratificando la sentencia de Cristina Fernández estaría poniendo un poco de claridad sobre su situación. ¿Es corrupta? ¿Es delincuente? ¿Ha malversado fondos públicos o no lo ha hecho? La sociedad necesita una definición”.
Para Lonigro “hay evidencias más que suficientes” para la condena sino también para el delito de “asociación ilícita, por el cual fue absuelta en primera y segunda instancia”.
En tanto, Diego Armesto también avaló una condena: “Si tanto les gusta el latiguillo ‘el que las hace las paga’, esta vez le tocó a Cristina”.
Además aclaró que el “proceso para las candidaturas comienza el 19 de julio y culmina el 7 de septiembre”. “No veo que la Corte tenga que estar especulando con un proceso electoral. Tiene que fallar con toda la libertad posible”, dijo. Por otro lado, consideró que “es un mito que la Corte no falla en un tiempo electoral”, para él “la Corte falla en el momento que tiene que fallar y cuando considera que está dada la oportunidad y el momento”.
No obstante, Armesto puso un interrogante acerca de que el fallo salga este martes tal las especulaciones periodísticas. A su vez, evaluó que desde lo político “no le conviene a nadie que Cristina no sea candidata porque lo más tentador es ganarle”.
En tanto, diferentes gremios ya anunciaron que irán a un paro general en caso que Cristina Fernández sea condenada por la Corte.
Referentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Asociación Bancaria (AB) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumaron a una convocatoria que lanzó el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI).