Ezequiel Alippe
Cristina Kirchner había solicitado que se impugne a la jueza Adriana Paliotti del caso Hotesur Los Sauces, debido a que ella ya había intervenido en el juicio contra Lázaro Báez, en la causa de la ruta del dinero K.
La Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de la vicepresidenta y el recurso de la defensa. En la causa están involucrados tanto Cristina Kirchner como sus hijos y el mencionado empresario, Báez, por supuesto lavado de dinero que se habría hecho con los hoteles en el sur del país, de propiedad de la familia.
Repudio por las prácticas de lawfare contra Cristina Kirchner
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires repudió este jueves lo que se viene sucediendo contra la vicepresidenta. Para el organismo, dichas prácticas “lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad”.
A través de un comunicado, cuestionaron las prácticas de lawfare contra Cristina Kirchner, principalmente basadas en la acusación del fiscal Diego Luciani que catalogó el accionar como “asociación ilícita”.
Por el proceso judicial, iniciado el 21 de mayo de 2019, ya declararon 114 testigos y hubo 117 audiencias. Fue suspendido casi medio año por la pandemia de coronavirus.
Antes de la misma, Cristina Kirchner había afirmado que las acusaciones “fueron un plan ideado por el Gobierno saliente (Mauricio Macri)”.
La subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense afirmó que “el lawfare en nuestro país -y en toda Latinoamérica- genera graves lesiones al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno, colocando al Poder Judicial a disposición -y en defensa- de los poderes fácticos”.
”Por ello, esta práctica viola integralmente los derechos de las personas víctimas de la persecución mediática-judicial, vulnerando los derechos receptados en nuestra Constitución Nacional y convenios internacionales, tales como el debido proceso, defensa en juicio, principio de inocencia y demás garantías judiciales”.
Además, consideró que “esta mecánica imposibilita el ejercicio democrático y el sostenimiento de una democracia popular, al proscribir líderes y dirigentes que se opongan a los intereses de los grupos concentrados de la economía en defensa de las grandes mayorías”.
Para cerrar, esbozaron: ”Por ello, el lawfare constituye una práctica antirrepublicana y violatoria de derechos procesales, en especial, pero también de Derechos Humanos, por lo que esta Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires hace un llamado en defensa de la independencia judicial para la democracia e insta, especialmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, como máxima autoridad del Poder Judicial, intervenga de manera urgente para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en última instancia, garantizar los Derechos Humanos en nuestro país”.
Con información de Télam.