Carolina Ramos
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei amenaza con dividir a Provincias Unidas a poco de su debut como bloque en la Cámara de Diputados. En la bancada donde participa el gobernador Martín Llaryora asumen que será muy difícil (o bien casi imposible) que haya unanimidad en la votación del proyecto, que primero tendrá que superar el filtro del Senado.
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Con el período extraordinario en marcha desde este lunes, la “mesa chica” del interbloque Unidos mantendrá este martes por la tarde el primer encuentro del año, para coordinar cuestiones administrativas y empezar a intercambiar posturas sobre la agenda parlamentaria, que también tiene como eje la baja de edad de imputabilidad de menores.
Del encuentro se espera que participe un representante de cada sector: la santafesina Gisela Scaglia, jefa de Provincias Unidas; el schiarettista Carlos Gutiérrez; el socialista Esteban Paulón; el radical bonaerense Pablo Juliano; Nicolás Massot, aliado de Miguel Pichetto; y el “lilito” Maximiliano Ferraro.
Llaryora liberó el voto de la senadora Alejandra Vigo, la primera que tendrá que expedirse sobre el proyecto, y hasta el momento no bajó línea a los diputados que están bajo su ala. Son seis: Juan Schiaretti (se incorporará en la primera sesión que haya), Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Carolina Basualdo y Alejandra Torres.
“Le dio libertad de acción a Vigo, y después en Diputados volverá a charlar”, señalaron en Provincias Unidas. La senadora participó de las rondas de debate pero luego se llamó a silencio, y el oficialismo está en condiciones de aprobar el proyecto sin su voto. En cambio, en la Cámara baja los cordobeses pueden llegar a ser decisivos.
La única condición que, según indicaron a Vía País, habría puesto Llaryora es no acompañar el artículo que rebaja la alícuota del impuesto a las Ganancias para las sociedades, lo que se traduce en menos recaudación para Córdoba y el resto de las provincias. Esa reforma pende de un hilo en el Senado y acapara todas las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores.
En Diputados, los cordobeses evitan adelantar su voto, pero algunos se muestran más dispuestos que otros a apoyar la iniciativa de Javier Milei. De hecho, hay quienes creen que “no hace falta una reforma laboral”, sino simplemente ponerle límites a los jueces que demoran sus fallos en juicios laborales en perjuicio de las empresas.
Otros se ven más influenciados por un reciente informe del Ieral-Fundación Mediterránea, que alienta a acompañar la reforma pero con cambios. El documento consta de siete apartados donde se proponen modificaciones para reducir la litigiosidad, “modernizar” la ultraactividad de los convenios colectivos y focalizar incentivos fiscales, entre otros puntos.
Las diferentes miradas sobre el proyecto no se limitan a los cordobeses, sino que se extienden a todo Provincias Unidas, un bloque de 18 integrantes donde recalan cuatro gobernadores pero también diputados que no responden a ninguno, como el radical Martín Lousteau, de perfil más opositor a Milei.
La jefa del conjunto legislativo, Gisela Scaglia, es la voz de Maximiliano Pullaro. El gobernador cree en la necesidad de una reforma laboral y no ata su posición al tema Ganancias, aunque aclaró que la rebaja impositiva también debe alcanzar a las pymes, que tienen más peso en el entramado productivo local que el centenar de grandes empresas que saldrían favorecidas con la ley del Gobierno.
Pullaro maneja el voto de la diputada Scaglia, pero no así de los socialistas Paulón y Pablo Farías, que si bien también integran la coalición que gobierna Santa Fe, tienen más libertad para votar y son más proclives a rechazar la ley.
Otro gobernador que tendrá peso en la discusión es el chubutense Ignacio Torres: su diputado, Jorge “Loma” Ávila, acaba de ser reelecto con amplio respaldo como secretario general del poderoso Sindicato del Petróleo y del Gas Privado del Chubut, y está en pie de guerra por despidos en el sector. No es el mejor escenario para un voto favorable.
Ley Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil es el otro gran tema donde Provincias Unidas deberá tomar posición. En este caso pesa la voz de Pullaro, quien tiene a la seguridad como uno de sus ejes de gestión y apoya sin medias tintas la baja de edad de imputabilidad.
“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad (de la provincia). Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, manifestó días atrás, a propósito del crimen de Jeremías Monzón, cometido en su provincia.
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El cordobesismo, por su parte, viene de acompañar en 2025 el dictamen consensuado para bajar la edad punible a 14 años, pero reclama el envío de fondos a las provincias para poner en funcionamiento las cárceles donde deberán alojarse los menores que delinquen.
El debate podría arrancar la próxima semana en Diputados, una vez que se terminen de conformar las comisiones que intervienen. Para acordar el tratamiento, el titular de la Cámara, Martín Menem convocó a jefes de todos los bloques para este miércoles, un día después de la reunión de Unidos.