Felipe Vitola
Este martes, Alberto Fernández comenzó con una serie de reuniones con algunos de los gobernadores que ya expresaron su apoyo en el pedido de juicio político a Horacio Rosatti tras la presentación en el inicio del año en sus redes sociales. Sin embargo, algunos de los principales mandatarios provinciales no estuvieron presentes en la cumbre que anunció el jefe de estado.
El encuentro, que comenzó a las 10 de la mañana, tuvo como principal objetivo empezar a tomar una postura común tras el fallo del máximo tribunal que dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.
El presidente presentó un escrito este 1° de enero donde señaló que pidió la convocatoria a los gobernadores para “impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”. Y agregó: “Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión”.
Tras ese fallo, 18 gobernadores -con matices- rechazaron lo decidido por la Corte y denunciaron que se trataba de una regresión en el federalismo.
Qué gobernadores no estuvieron presentes en la reunión con Alberto Fernández
Dos de los principales referentes que no estuvieron presentes este martes son Omar Perotti y Juan Schiaretti. Tanto el mandatario de Santa Fe como el de Córdoba, son de riñón peronista, pero mantienen sus diferencias con algunas iniciativas oficialistas.
Por su parte, Raúl Jalil, mandatario de Catamarca, se encuentra de vacaciones por lo que no concurrió, aunque si estuvo su vice, Rubén Dusso, que pudo hacerlo de forma virtual.
Se sumaron a las ausencias a los referentes de fuerzas provinciales como Arabela Carreras (Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También se ausentó el mandatario de Chubut, Mariano Arcioni, que es un aliado de Sergio Massa.
Qué necesita Alberto Fernández para avanzar en un juicio político contra Rosatti
En este tipo de casos, los procesos de juicio político se presentan en el Congreso de la Nación. Por un lado, en la Cámara de Diputados se trata el órgano acusatorio, es decir, deciden si se avanza o no con el pedido que realicen contra presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, según señala el artículo 53 de la Constitución.
Por su parte, en el artículo 59, se explica que la Cámara de Senadores son los responsables de juzgar en juicio público “a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”.
Acá está el primer problema que tiene Alberto Fernández para avanzar con el pedido de juicio político: es que en la Cámara de Diputados tiene actualmente un total de 118 diputados del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio tiene 116.
Es decir, debería contar con 172 diputados a su favor, un número casi imposible de llegar en la cámara baja, ya que debería llegar a 54 diputados que se sumen al pedido del presidente.