Redacción Los Andes
La jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó el procesamiento de Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña por trata de personas con fines de explotación laboral en el marco del programa “Sueños Compartidos”. La medida judicial también impone un embargo de 31 millones de pesos sobre los acusados.
La denuncia original, presentada en 2010 por Sergio Schoklender, el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, involucra al matrimonio líder del movimiento “MTD 17 de Julio” y al exfuncionario de Jorge Capitanich y dirigente Osmar Quintín Gómez, actualmente detenido por presunto abuso sexual a una docente.
En el marco de la construcción de viviendas a nivel nacional, el programa “Sueños Compartidos” era la planificación de casas en el predio ex campo de tiro, en avenida San Martín al 3500 de la ciudad de Resistencia, a partir de un convenio entre la provincia del Chaco y la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Según la denuncia, los trabajadores, contratados en el programa, recibieron inicialmente una beca de 500 pesos mensuales a través del programa “Chaco por vos” durante diciembre de 2008 y enero/febrero de 2009. Sin embargo, Emerenciano Sena dio la orden de que no fueran más a cobrar la beca porque tenía que dársela a otros.
Los trabajadores también denunciaron promesas incumplidas de empleo registrado y viviendas para sus familias.
La investigación llevada a cabo por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, reveló que los acusados no respetaban la jornada laboral de 8 horas obligándolos a permanecer muchas más horas y hasta, incluso, Sena solía colarse en el portón y a los gritos ordenaba que colocaran un candado para que nadie saliera del predio.
También que el pago era a condición si cumplían con la orden de Sena y una vez que les pagaban, los obligaban a entregar a los acusados una parte del mismo para la compra de alimentos, herramientas, pero también hacer gorras, banderas y camisetas del movimiento piquetero que lideraban.
Asimismo debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia para los compañeros que no tenían y a algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por 1.500 pesos y solo les pagaban 1.000.
Además, se informó que los trabajadores eran sometidos a condiciones indignas, como comer en el suelo y ser escondidos bajo control de las autoridades.