Carolina Ramos
A pocos días del rechazo presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, la oposición vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno en el Senado. Por un lado, buscará sancionar la ley de presupuesto universitario, que recibió dictamen este martes y empuja a Javier Milei a aplicar su segundo veto en nueve meses de mandato. Por otro, intentará voltear el DNU de gastos reservados para inteligencia, que se transformaría de esa manera en el primer decreto en ser anulado por el Congreso.
Todo podría suceder este miércoles, si los bloques de la oposición logran acordar con la vicepresidenta Victoria Villarruel para realizar una sesión que también incluya la reforma electoral para implementar la Boleta Única de Papel, un proyecto que recibirá modificaciones y volverá a la Cámara de Diputados. De aprobarse, sería el único logro que el oficialismo podría exhibir en una nueva jornada negra para la gestión de Milei.
Si, finalmente, prospera la negociación para realizarla este miércoles, la sesión del Senado coincidirá con la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a Diputados. El funcionario asistirá para brindar su primer informe de gestión en el recinto tras contestar por escrito 2135 preguntas, en un informe de 1738 páginas que llegó a manos de los legisladores este martes por la tarde.
Expectativa por el presupuesto universitario
El financiamiento universitario (que, al igual que la movilidad jubilatoria compromete la meta oficial del déficit cero) fue aprobado en Diputados hace tres semanas por una contundente mayoría opositora y, este martes, recibió dictamen favorable con firmas de Unión por la Patria y la UCR. La oposición puso un pie en el acelerador y está decidida a sancionar la ley sin esperar a que ingrese el Presupuesto 2025, algo que sucederá en dos semanas.
La iniciativa obtuvo luz verde en un plenario de las comisiones de Educación y Cultura, y de Presupuesto y Hacienda, encabezado por el senador kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro. El oficialismo no tiene manera de evitar que el proyecto llegue al recinto porque, en la última sesión, se aprobó darle preferencia en la siguiente.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, advirtió que la ley podría tener un costo aún mayor que el calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que es de $738.595 millones (0,14% del PBI). “Otros cálculos del Ministerio de Capital Humano superan los US$1.100 millones”, advirtió el legislador durante el debate en el Salón Illia.
“Es un costo alto, hay que revisar adónde va a ir ese dinero y qué se hace con el dinero de los argentinos”, planteó Atauche, quien aclaró que la educación es un tema que “preocupa” al Gobierno y destacó que “se ha aumentado el 70% el presupuesto, que venía atrasado desde 2022″.
El titular de la UCR, Martín Lousteau, contrarrestó esa visión y alertó que “no se aprecia el desvelo por la educación”. En ese sentido, sostuvo que “el Gobierno mintió con la actualización de gastos de funcionamiento para que las universidades puedan abrir, estar limpias, pagar el gas y la luz”, ya que, según los rectores, “aún hoy no terminan de cumplir” con ese compromiso.
“No es un tema de si hay o no hay plata, es un tema de dónde están las prioridades”, enfatizó Lousteau, y señaló: “El Presupuesto 2025 es la oportunidad que tiene el Gobierno para manifestar que política educativa quiere. Hoy no tenemos ninguna”.
En primer lugar, la iniciativa establece una actualización de los gastos de funcionamiento por IPC (Índice de Precios al Consumidor) anual de 2023, con un impacto de $210.742 millones (0,04%) según la OPC. Y luego fija un ajuste bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos, por un total de $86.254 millones (0,02% del PBI).
Además, obliga a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario, con un impacto de $441.600 millones (0,08% del PBI). La recomposición será a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley, según la variación acumulada de la inflación durante ese período. Y, desde el mes siguiente a la sanción de la ley hasta fin de año, habrá un ajuste mensual también por IPC, salvo que haya un acuerdo paritario.
“Los rectores vienen pidiéndole reuniones al Gobierno, vienen teniendo reuniones con legisladores, y hubo una marcha (el 23 de abril) que fue una señal para que el Gobierno tenga como prioridad esta inversión”, destacó De Pedro en el plenario de comisiones.
Además del presupuesto universitario, la oposición se apresta a voltear el DNU que asignó $100.000 millones a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en concepto de fondos reservados. A pesar de que el destino de esas partidas ya está bajo análisis de la Bicameral de Inteligencia, que preside Lousteau, Unión por la Patria y la UCR quieren dejar el decreto sin efecto con argumentos legales y llaman a discutir sobre las “prioridades” en materia de gasto.
Si la jugada opositora tiene éxito, el DNU 656/24 será el primero en ser volteado por el Congreso desde que se sancionó, en 2006, la Ley 26.122, que reguló el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia y estableció que para anularlos es necesario el voto negativo de ambas cámaras. Diputados lo rechazó el pasado 21 de agosto.