El protocolo antipiquetes que impuso el presidente Javier Milei para modificar los términos de las protestas tendrá este miércoles su primer gran test ante la movilización que realizarán los movimientos sociales a Plaza de Mayo, para conmemorar un nuevo aniversario del estallido de 2001.
“Nos movilizamos para enfrentar el plan de ajuste de Milei y del FMI. El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y del pueblo”, lanzaron los referentes de las agrupaciones que integran el Frente de Unidad Piquetera.
En respuesta, el Gobierno nacional salió a ratificar el accionar conjunto de las fuerzas de seguridad para evitar piquetes y adelantó que habrá estrictos controles en los ingresos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además,
“La Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad de Buenos Aires estarán trabajando para hacer cumplir el protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad”, remarcó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de un mensaje que difundió el martes por la tarde a través de las redes sociales.
El portavoz subrayó que “el protocolo de orden público y la resolución (que establece que aquellos que participen de cortes perderán sus planes sociales) del Ministerio de Capital Humano se encuentran en vigencia”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con las autoridades porteñas para definir el plan de acción, atenta a lo que se prevé será una masiva movilización, desde el Congreso hacia Casa Rosada, para recordar el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Por su parte, los representantes del denominado Frente de Unidad Piquetera presentaron una declaración conjunta para rechazar la aplicación del protocolo de orden público. En simultáneo, hubo múltiples presentaciones ante la Justicia contra el manual de procedimiento que implementará Bullrich.
Dirigentes políticos de izquierda y referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron un hábeas corpus colectivo para que “se deje sin efecto de manera inmediata” el protocolo. Y la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones políticas impulsaron una acción conjunta ante Naciones Unidas y CIDH para que intercedan ante el Estado con el mismo objetivo.
En medio de las presentaciones judiciales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se pronunció respecto al dilema. “Acá normalmente se plantea un conflicto de derechos, a manifestarse y a circular”, apuntó y señaló que lo que un juez busca es “optimizar los dos derechos” y “no confrontarlos”.
“Habiendo buena voluntad, la compatibilización es posible, prácticamente en todas circunstancias. Pero sobre todo estamos hablando de un derecho a la protesta en un contexto democrático”, indicó en una entrevista en LN+.
Una línea para denuncias
El gobierno de Milei también habilitó una línea telefónica para recibir denuncias a dirigentes sociales que “amenacen” a beneficiarios de planes sociales para “obligarlos” a protestar. “Es la vía de comunicación que hemos puesto a disposición, para cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando”, explicó Adorni.
Seguido, el vocero aseguró que, hasta el martes a la tarde, se recibieron 4.310 denuncias. “Estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora”, calculó.
El jueves pasado, Bullrich presentó los detalles del denominado “Protocolo de Orden Público” que contempla el accionar conjunto de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Nacional frente a “cortes, piquetes o bloqueos que sean parciales o totales”.
“La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple: nosotros la vamos a cumplir. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes”, dijo la ministra.
El protocolo se presentó poco después de ponerse en marcha el primer tramo del plan de ajuste que lidera el ministro Luis “Toto” Caputo para equilibrar las cuentas públicas.
La decisión de la provincia de Buenos Aires
En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a diferenciarse al anunciar que no respetará el manual de procedimiento contra los piquetes que implementará Bullrich porque, apuntó, “criminaliza la protesta”.
Así lo adelantó el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. “Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional”, dijo el funcionario a radio La Red.
Por su parte, el ministro Alonso consideró que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe “cómo restaurar el orden en el marco del estado de derecho” sin necesidad de apelar al protocolo de mantenimiento del orden público dispuesto por la cartera de Seguridad nacional.
En declaraciones formuladas a Radio 10, el funcionario explicó que “en los últimos cuatro años la gestión trabaja con un método muy específico que dio resultados”.
