Roberto Pico
El Gobierno nacional formalizó a través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia las medidas anunciadas por el presidente, Javier Milei, que tienen como objetivo fortalecer la defensa de los recursos naturales existentes en las Islas Malvinas y su zona de influencia.
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Mediante el DNU 867/2026, readecuó el presupuesto vigente y reasignó partidas para fijar los fondos que serán aplicados para las obras de la Base Naval Integrada (BNI) en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
Cabe apuntar que la construcción de esta base data de 2022 y el gobierno de Milei frenó su financiamiento. Al momento, el avance de la obra es apenas el 9% del total.
Ahora el presidente busca acelerar los trabajos de infraestructura portuaria y militar en la base con un programa de financiamiento definido.
La reasignación de partidas decidida por Milei le otorgó a la Fuerza Aérea $ 8.115 millones adicionales, de los cuales $ 5.915 son para el programa de Alistamiento Operacional, partida dentro de la cual se encuadran los fondos para infraestructura militar y despliegue logístico en Ushuaia. Además, se destinan otros $ 2.000 millones para la adquisición de equipamiento e infraestructura informática.
En su discurso en Cadena Nacional, el presidente destacó que uno de los principales objetivos de esta base es “profundizar la capacidad en telecomunicaciones” del país en una zona estratégica clave.
El reordenamiento total de partidas para el Ministerio de Defensa que se dispuso en el decreto alcanza a $ 218.000 millones.
De acuerdo a la información oficial, este mayor gasto se financia con una reducción en el ítem “Asistencia Social al Personal” (nacional) en $ 253.333 millones, mientras que se seguirán recortando las transferencias a las provincias, ahora por $ 35.141,7 millones.
El Ministro de Defensa, Carlos Presti, comunicará el próximo lunes los detalles de la construcción de la base. En el gobierno se discute el mecanismo porque se quiere evitar una conferencia de prensa.
Según pudo saber este medio, entre las obras previstas aparece la ampliación de la pista del aeropuerto internacional de Ushuaia y la construcción de un nuevo puerto que deberá ser compatible tanto para operaciones comerciales como militares. La administración de esta estación quedaría en manos de las Fuerzas Armadas.
Cabe recordar que actualmente el Puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por el Gobierno nacional, por presuntas maniobras con fondos destinados a su infraestructura. En Tierra del Fuego rechazan este argumento y hablan de intenciones políticas.
Dado este giro en la política sobre Malvinas de Milei, el canciller Pablo Quirno tuvo que salir a aclarar que “no se le entregará a los Estados Unidos", al tiempo que negó un pedido de Washington en ese sentido.
La base integrada servirá para unificar las operaciones de la marina, el ejército y la aviación en pos de fortalecer la vigilancia en el Atlántico Sur. Desde esa base se buscará aumentar los patrullajes mediante vuelos y navegaciones en toda la zona.
Según trascendió, la base también podría estar disponible para un grupo de “naciones amigas”, a las que se les permitirá utilizar los servicios logísticos que ofrecerá la terminal.
Por su parte, a través del Decreto 868/2026 el Gobierno reglamentó mecanismos más estrictos y expeditivos de fiscalización para imponer restricciones inmediatas para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
En ese sentido se estableció una “estricta incompatibilidad” con el RIGI. De esta forma, “ninguna empresa petrolera o de servicios que participe directa o indirectamente en exploraciones ilegales en las islas podrá adherirse a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del régimen.
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A su vez, para solicitar permisos de exploración o explotación en cualquier punto del territorio argentino, o para ingresar proyectos al RIGI, los solicitantes deberán presentar una declaración jurada de no realizar ni haber realizado operaciones no autorizadas por la República Argentina en las áreas insulares o marítimas disputadas.
También se dota de mayor agilidad a la Autoridad de Aplicación para aplicar el régimen sancionatorio y concretar de forma oportuna las inhabilitaciones administrativas, penales y comerciales correspondientes.
La estrategia es apuntar al corazón de los negocios que puedan gestarse en torno a Malvinas como una forma de obstaculizar la extracción de recursos naturales.
Si bien este mecanismo de sanciones ya existía, en el Gobierno defienden la iniciativa porque aseguran que los cambios permitirán una gestión más eficiente al momento de imponer las penas.