Roberto Pico
A un día que venza el período de facultades delegadas por el Congreso nacional, el Gobierno de Javier Milei lanzó una amplia reforma de organismos públicos que incluyó la disolución de Vialidad Nacional y otras áreas vinculadas al transporte, la fusión del ENRE y el Enargas, la desregulación del mercado eléctrico, y la restructuración del INTA y el INTI.
La autorización del Parlamento al Poder Ejecutivo para llevar adelante este proceso sin su intervención vence el miércoles 9 de julio, por lo cual en las últimas horas se avanzó en ese sentido.
El vocero presidencial Manuel Adorni reivindicó la tarea del Gobierno a través de la herramienta que le confirió el Parlamento y subrayó que los 65 decretos desregulatorios dictados a lo largo del año permitirán un ahorro anual de US$ 2.000 millones.
“Este ha sido el resultado de esta primera etapa del plan motosierra que, como saben y lo hemos dicho mil veces, esta motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita”, remarcó el portavoz.
Adorni y el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, presentaron los resultados de este trabajo durante una conferencia en la Casa Rosada en la que ninguno de los dos funcionarios aceptó preguntas.
La movida comenzó con la publicación este lunes del Decreto 452/2025 por el cual el Gobierno unificó las tareas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en un único organismo que denominó Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
A su vez, por el Decreto 450/2025 desreguló el mercado eléctrico. Entre otros aspectos esta medida, libera la exportación e importación de energía, permite la libre contratación entre privados, otorga la libertad de elegir empresa proveedora e impide sumar a las facturas cargos por tasas municipales.
Transporte y Vialidad
Por otra parte, disolvió la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV ).
La decisión se formalizará este martes mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.
Asimismo, se crea la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, resultado de la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Esta nueva agencia será responsable del control de la fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y del transporte automotor de jurisdicción nacional; la aplicación de sanciones y promoción de acciones civiles o penales en caso de incumplimientos; la recepción de denuncias y reclamos de usuarios, y emisión de recomendaciones técnicas; y la intervención en accidentes ferroviarios.
A su vez, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) dejará de funcionar como tal y pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. A partir de esta medida, se limitará su ámbito de actuación exclusivamente al transporte aéreo civil para dar cumplimiento con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional.
Adorni precisó que las funciones de control de la ANSV pasarán a Gendarmería nacional que, según precisó inspecciona cerca de 2,5 millones de vehículos al año en 80.000 puntos de control.
Las funciones de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y llevadas a cabo por la Subsecretaría de Transporte Automotor.
Vialidad
De acuerdo a la decisión oficial, las funciones de Vialidad se distribuirán entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
Adorni indicó que “la disolución de este organismo completa un proceso que en los hechos ya se venía desarrollando”.
Por un lado, la transferencia de competencias a las provincias y, por otro, la transformación a una modalidad de contratación de obra pública bajo un esquema de concesiones y tercerización con el sector privado.
El Gobierno afirmó que “estos cambios garantizan niveles de transparencia y control que la Dirección Nacional de Vialidad no ha logrado asegurar de forma sostenida y que sí lo hará nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”.
Según la explicación oficial, Vialidad contaba con una dotación total de 5.184 agentes, de los cuales 1.091 se encuentran en Casa Central y 4.053 agentes están asignados a los 24 distritos viales.
De estos últimos, el 67% cumple funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33% realiza tareas operativas en territorio, lo que evidencia su sobredimensionamiento administrativo.
Aseguran que con la disolución de Vialidad se generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de U$S 100 millones.
“Con el cierre de Vialidad, se mejoran los mecanismos de control del gasto. Este organismo había permitido importantes irregularidades en el manejo de los fondos públicos, como lo que resultó en la ‘Causa Vialidad’ que llevó a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel, enfatizó Adorni.
INTA e INTI
En el mismo sentido, se dispuso que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transforme en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.
A su vez, el al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasa a ser un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, al igual que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Asimismo, se disolvieron la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).