Redacción LAVOZ
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el pasado viernes que el presidente Javier Milei firmaría un decreto para declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, en medio de una disputa con los gremios que desencadenó paros y medidas de fuerza que ocasionaron serios problemas en las operaciones rugulares de la compañía.
Qué dijo Adorni sobre Aerolíneas
“El Presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización tal como lo habilita el artículo noveno de la ley 23696, llamada Ley de Reforma del Estado”, aseguró el funcionario en rueda de prensa.
“Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su estatización en 2008, los aportes del Estado nacional superan los U$S 8 mil millones. ¿Por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina en los últimos años”, argumentó Adorni.
Qué dice el decreto que busca la privatización de Aerolíneas
Este miércoles, el Gobierno nacional declaró este miércoles a la firma de bandera Aerolíneas Argentinas como “sujeta a privatización”. La medida fue plasmada en el decreto 873/24.
El decreto indica que el Tesoro Nacional “no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
También sostiene que la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado “permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.
Y sostiene que destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen, en un contexto en el cual “la pobreza alcanza al CINCUENTA Y DOS COMA NUEVE POR CIENTO (52,9 %) de la población y la indigencia al DIECIOCHO COMA UNO POR CIENTO (18,1 %)”.