Roberto Pico
Los plazos se acortan en forma acelerada y la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habilite dinero fresco para financiar la transición hasta el cambio de gobierno es cada vez menor, a menos que la negociación en curso contemple una modificación en los vencimientos programados.
La demora en cerrar la recalibración del programa acumula una serie de vencimientos que en los próximos 30 días suma U$S 6.941 millones. Solo al FMI Argentina tiene que pagarle U$S 5.313 millones entre el 30 de junio y el 28 de julio.
En consecuencia, cualquier acuerdo que sea calificado como “beneficioso” para la Argentina deberá contemplar un desembolso superior a U$S 7.000 millones para que los dólares que lleguen no se esfumen a los pocos días y se conviertan en un mero asiento contable.
El próximo viernes Argentina se comprometió a pagarle al organismo U$S 2.692 millones, monto que no tiene en las reservas del Banco Central. Son producto de prórrogas de dos vencimientos que operaron el miércoles 21 de junio por U$S 971 millones y el jueves 22 por U$S 1.761.
Para evitar el colapso total de la economía argentina por la declaración de un default técnico, el FMI sacó de la galera un nuevo artilugio de su ingeniería legal para justificar la postergación “hasta fin de mes” bajo el argumento de “un derecho que tienen los países miembros de agrupar vencimientos”.
En el Ministerio de Economía repiten que en esta semana se logrará cerrar el acuerdo (lo mismo que sugieren desde hace dos meses), pero lo concreto es que el vencimiento del viernes, y probablemente los de julio, deberán tener un tratamiento especial.
De acuerdo al cronograma establecido, una semana después del pago de los U$S 2.692 millones, Argentina deberá acreditar el viernes 7 de julio un nuevo giro al FMI por U$S 1.294 millones, correspondientes a una nueva cuota del acuerdo en curso. Siete días más tarde afrontará otro compromiso, esta vez por U$S 647 millones, para cerrar el exigente mes de julio con un pago de U$S 680 millones el 28 de julio.
A estos vencimientos con el FMI se le deben sumar U$S 129 millones que el 28 de julio debe pagar Mendoza por el vencimiento de una Letra, más U$S 82 millones que operan con organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y otros) y U$S 193 millones de obligaciones bilaterales. Además, se deberán abonar U$S 1.022 millones de vencimientos de bonos, y nuevos U$S 120 millones de intereses de préstamos con organismos de créditos.
En consecuencia, el combo de los próximos 30 días Argentina lleva a la Argentina a enfrentar pagos por U$S 7.000 millones.
Sin dudas, los compromisos más fuertes son con el FMI y allí se puede trabajar una salida política que escape a lo que está firmado en el acuerdo de Facilidades Extendidas.
Si corriese el procedimiento formal, una vez que Argentina acuerde con el staff del FMI las pautas del nuevo programa, el equipo que comandan la subdirectora Gita Gopinath y el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, deben elevarle al Directorio el texto para su aprobación definitiva.
Todo este trámite burocrático demandaría varias semanas durante las que el juego político de los países que comandan el FMI puede estirar los plazos más de lo razonable, consumiéndose los plazos de cada vencimiento.
Por lo tanto, en caso de cerrarse el convenio, la alternativa es que inmediatamente se anuncie algún tipo de reformulación de los vencimientos ad referéndum de la posterior aprobación por parte del board.
Con este escenario será fundamental leer muy bien la letra chica de lo que pueda comunicarse en las próximas horas, porque el mero anuncio de un “desembolso millonario de apoyo a la Argentina” puede ser de alto impacto mediático y político, pero sin ningún beneficio concreto para la economía cotidiana necesitada de dólares para mantener el proceso productivo.
El dinero llegaría solo para evitar un incumplimiento con el FMI y según nuevos plazos y montos nada quedaría en las arcas del Banco Central, lo cual sería una muy mala señal para los mercados financieros.
En la rueda de hoy la autoridad monetaria vendió otros U$S 123 millones y el rojo del mes se amplió a U$S 653 millones.