Carolina Ramos
Como en un déjà vu de 2024, la oposición vuelve a desafiar al presidente Javier Milei con una nueva ley para jubilados. A pesar de los intentos oficialistas por frenar el tema, el compendio integrado por el kirchnerismo y bloques moderados consiguió dictaminar dos paquetes de proyectos para recomponer ingresos, por un lado, y subsanar el vencimiento de la moratoria previsional por otro. La votación en el recinto será el próximo martes 20, bajo una nueva amenaza de veto.
El debate concluyó en las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto con una dispersión de más de diez dictámenes, aunque la propuesta con más posibilidades de ser aprobada es la de reemplazar la moratoria que venció en marzo por una nueva prestación proporcional a los años de aporte, que tome como base la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
Con matices, esa idea obtuvo apoyo de la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y hasta la facción del PRO que responde al expresidente Mauricio Macri, en la grieta con los “bullrichistas”. El kirchnerismo y la izquierda, en cambio, impulsan la restitución del plan de pagos que Milei dejó caer, pero esa idea no encuentra avales en otras bancadas.
Sobre la recomposición de ingresos, se presentaron dictámenes para aumentar el bono de los jubilados que cobran la mínima (con diferentes montos) y actualizarlo mensualmente. El PRO y la UCR no acompañaron esta iniciativa; el radicalismo solo incluyó un artículo que delega en el Poder Ejecutivo la presentación de un proyecto propio.
El peronismo cordobés se dividió. La diputada Alejandra Torres, esposa del extitular de la ANSES, Osvaldo Giordano, firmó un dictamen propio de prestación proporcional que además propone iniciar una reforma integral. En cambio, su par Ignacio García Aresca prioriza los giros a las cajas previsionales no transferidas y espera el resultado de la audiencia que se celebrará este miércoles en la Corte Suprema de Justicia entre la Nación y la provincia.
El desafío para la oposición es resistir un nuevo veto presidencial, es decir, conseguir los dos tercios para ratificar la eventual ley si el presidente la veta. Es lo que no consiguieron el año pasado, cuando los diputados calificados por Milei como los “87 héroes” juntaron el tercio para dejar firme el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
Vencimiento de la moratoria
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda propusieron prorrogar la moratoria por dos años. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta medida tiene un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo. Es decir, un costo acumulado de 0,165% del PBI. Para el kirchnerismo, el impacto en las arcas públicas “no es exorbitante”, pero esta propuesta tiene menos posibilidades de prosperar porque no la acompañan otros bloques.
Unión por la Patria también quiere modificar la PUAM en tres aspectos: que las mujeres puedan ingresar a los 60 años y no tengan que esperar a los 65 como en la actualidad; eliminar la incompatibilidad con la pensión por viudez; y hacer que sea compatible con el trabajo registrado, con un tope de tres salarios mínimos.
La oposición moderada, en cambio, propone eliminar el requisito de los 30 años de aportes y establecer una prestación proporcional que tenga como piso la PUAM y que incorpore un adicional por cada año de aportes realizados. Así lo establecen los dictámenes que firmaron Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, por un lado; la UCR por otro; y la cordobesa Torres en tercer lugar.
Sorpresivamente, también avaló un mecanismo similar una facción del PRO. El bloque amarillo se dividió, producto de la grieta entre “macristas” y “bullrichistas”: los primeros propusieron una prestación proporcional, mientras que los segundos presentaron un dictamen que solo crea una comisión especial para trabajar en una reforma integral. Una iniciativa leída por la oposición como un intento de “patear” la discusión hacia adelante.
Recomposición de ingresos
Por otra parte, se firmaron dictámenes para aumentar el bono, que el Gobierno mantiene congelado en $70.000. El kirchnerismo propuso subirlo a $115.000 y actualizarlo mensualmente por IPC (Índice de Precios al Consumidor). Según la Oficina de Presupuesto, el impacto anualizado de esta medida llegaría, en principio, a $2.567.477 millones (0,30% del PBI). Encuentro Federal y Democracia para Siempre propusieron un aumento menor, a $100.000, con subas atadas a la movilidad.
Una coincidencia entre el kirchnerismo y los bloques moderados fue la necesidad de reconocer a los jubilados el porcentaje que perdieron con el último cambio de fórmula por decreto en 2024.
La izquierda, en tanto, propuso en soledad que el haber mínimo sea equivalente a la canasta básica de jubilados y pensionados, y que se reconozca el 82% móvil para todos los jubilados.