Carolina Ramos
La oposición acorrala de a poco a Karina Milei para que rompa el silencio sobre el caso $LIBRA. En la comisión investigadora de la estafa cripto, los diputados le dieron a la secretaria general de Presidencia dos opciones de fechas para brindar testimonio, y hasta se ofrecieron a trasladarse a la Casa Rosada para escuchar su palabra. Si no hay resultados, analizan ir a fondo y acudir a la Justicia para que la funcionaria declare por la fuerza pública.
Karina está señalada por ser la anfitriona de las reuniones entre Javier Milei y los empresarios cripto, y se sospecha que pudo haber recibido dinero a cambio de que el presidente publicara el tuit donde promocionó el token, el pasado 14 de febrero. Para la oposición, la estafa no habría sido posible sin ese posteo, que incluyó el número de contrato para invertir.
La oposición propuso dos fechas, el martes 23 o el martes 30 de septiembre, para que Karina se presente ante la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). También le dieron la posibilidad de que sea ella misma quien fije el día, y hasta ofrecieron apersonarse en Casa Rosada si no puede asistir a Diputados. La última opción (habilitada por el reglamento) es recurrir a la fuerza pública, para lo que necesitarán la autorización de un juez.
Los diputados del bando opositor ya comenzaron a analizar las alternativas jurídicas para forzar a Karina a comparecer por esa vía. En conversaciones previas a la reunión de este martes, los legisladores empezaron a debatir internamente cómo avanzar ante la Justicia. Si fuera por algunos, no habría que esperar un minuto más para llevar por la fuerza a la hermana del presidente.
“Nos encantaría ir con un patrullero a ir a buscar a la secretaria general de Presidencia”, confesó, con ironía pero también con intención, la massista Sabrina Selva, que aspiraba a presidir la comisión antes de la designación de Ferraro. Selva aceptó a regañadientes darle alternativas a Karina, y sentenció: “Espero que opte por venir a la Cámara”.
El debate se dio en ausencia del oficialismo y la mayoría de sus aliados. Los representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR no asistieron a la reunión. Sin embargo, hubo una excepción: la salteña Yolanda Vega, que responde al gobernador Gustavo Sáenz y, hasta este martes, se ubicaba del lado violeta.
Justo después de que Sáenz cuestionara el llamado al diálogo del Gobierno nacional y hablara de “palomas de iglesia” que “se cagan en los fieles”, Vega se acopló a la oposición. No solo aportó su presencia: tras gestiones del cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), aceptó integrar una subcomisión que se constituirá en el juzgado de María Servini para seguir la causa “in situ”.
Además de Vega, integrarán esa subcomisión Agost Carreño, Selva, Mónica Frade (Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre). Los nombres se votaron este martes junto con nuevas medidas de prueba, que se suman a las ya aprobadas el martes pasado.
A propuesta de Agost Carreño, se librarán oficios a cuatro billeteras virtuales (Buenbit, Lemon, Belo y Ripio) para identificar cuentas o billeteras eventualmente vinculadas a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y a Morales, exfuncionario de la CNV. Si existe un nexo, se requirió el historial de operaciones.
Faltazos y enojo
A la reunión de este martes faltaron los dos principales citados: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, quien dirigió la Unidad de Tareas de Investigación creada dentro del Ministerio de Justicia. La UTI cerró la investigación en tiempo récord y concluyó que Milei no participó de ninguna estafa, pero no se hizo público el documento donde se fundamenta la decisión. Luego, la UTI fue disuelta por decreto.
Tanto Melik como Zicavo argumentaron, entre otras cosas, que la comisión no ofrece garantías y entorpece la causa judicial a cargo de Servini. “Supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información y/o documentación colectada por el fiscal a cargo de la instrucción”, señalaron.
Ante los faltazos, la oposición aprobó un requerimiento al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que les ordene concurrir a los citados a la próxima reunión. Si no lo hace, evaluarán si los citan mediante la fuerza pública, igual que con Karina Milei.
Las ausencias causaron enojo. “Quien debería tener un compromiso irrestricto con la transparencia y la integridad pública hace todo lo contrario”, lamentó Ferraro. Su par Mónica Frade subió un escalón y consideró que Melik “no debería estar un minuto más en su cargo” porque “está encubriendo un posible hecho de corrupción”.
La massista Selva agregó que “hubo una decisión con muy pocos argumentos de abocar la investigación exclusivamente a la actuación de Milei y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. Y dejaron afuera a Karina Milei, una funcionaria que tiene mucho para explicar en este tema”.
El único testigo citado que asistió a la reunión de este martes fue Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción. Entre otras cosas, consideró que fue “prematuro” el cierre de la investigación y que “faltó producir pruebas”.
Villanueva además consideró que el tuit de $LIBRA fue “promoción” y no “difusión” como aseguró Milei. “Es difícil decir que lo que hizo Milei no es un acto de promoción. Podría no haber puesto el link. El problema es que tiene información que no tenía otro, y la manera en la cual lo expresó. Si no hubiera puesto los datos para hacer el negocio, era más defendible”, interpretó.