El Frente de Todos tiene el camino allanado para aprobar en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023 y darle la principal herramienta de gestión al ministro de Economía, Sergio Massa, tras un debate que mostró buena sintonía con la oposición más allá de algunos artículos controvertidos.
La sesión se llevará a cabo el martes desde las 12.30 y el Frente de Todos podría reunir unos 236 votos con apoyo del grueso de Juntos por el Cambio (el PRO, la UCR y otros socios minoritarios), el Interbloque Federal (que incluye al schiarettismo) y partidos aliados de Río Negro y Misiones, sumados a otros de La Rioja y Santa Cruz.
Por el contrario, la Coalición Cívica no acompañará (podría votar en contra o abstenerse) y ya adelantaron su rechazo Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), los cuatro integrantes del Frente de Izquierda y los dos bloques libertarios liderados, respectivamente, por Javier Milei y José Luis Espert.
“Esperemos tener el martes el mayor acompañamiento posible. No depende solo del Frente de Todos sino también de la responsabilidad de los bloques opositores”, dijo a este medio el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien dedicó las últimas semanas a atender los reclamos de todos.
Para conformar a diputados ajenos y contener a los propios, el oficialismo incorporó al proyecto original 42 artículos y corrigió varios otros. “El dictamen es claramente superador e incorpora elementos importantes a lo que había enviado el Poder Ejecutivo, que nosotros siempre reivindicamos como un muy buen proyecto”, destacó Martínez.
Muchas de las modificaciones se introdujeron para seducir a los movimientos sociales. El Frente Patria Grande de Juan Grabois, que amenazaba con retacear apoyo, logró importantes aumentos en partidas sensibles, vinculadas a las políticas alimentarias, niñez y adolescencia, becas estudiantiles, infraestructura escolar y urbanización de barrios populares.
“Con todo esto, hemos logrado un Presupuesto que no ahorra en ninguna política vinculada a garantizar derechos fundamentales”, resaltó el diputado Itai Hagman, del Patria Grande, que paralelamente celebró el bono de 45.000 pesos anunciado por el Gobierno para personas bajo la línea de indigencia.
En Juntos por el Cambio, en tanto, prevalece la idea de que no sancionar el Presupuesto puede ser un arma de doble filo, porque el Poder Ejecutivo gozaría de mayor discrecionalidad para administrar fondos sin aval del Congreso y en un año electoral.
“Entendemos que aprobar en general podría ser un camino para evitar la discrecionalidad en el último mandato de este gobierno. No aprobar el Presupuesto implica darle discrecionalidad en la distribución de los recursos, más allá de no compartir las previsiones macroeconómicas”, aseguró a este medio el secretario de la Comisión de Presupuesto, el radical cordobés Víctor Hugo Romero.
En ese sentido, la oposición se aseguró la incorporación de una “cláusula gatillo” para que si a mediados de 2023 se registra mayor recaudación de la prevista o se supera la tasa de inflación estimada, el Ejecutivo deba enviar una nueva ley para que el Congreso autorice cómo distribuir ese excedente.
Para destrabar otro foco de conflicto, se aumentaron las partidas destinadas a subsidiar el transporte en el interior del país. El monto para 2023 se llevó de 66.000 a 85.000 millones de pesos; las provincias reclamaban 113.000 millones, aunque el número concedido será un piso y podrá ser revisado.
También a pedido de diputados del interior, se incluyó un plan de regularización, en hasta 96 cuotas mensuales, de las deudas que mantienen las distribuidoras eléctricas con su proveedora de energía (CAMMESA). Al término de ese plazo, la Nación podrá retener a las provincias la suma adeudada, pero sin afectar fondos coparticipables.
Otro cambio que fue concedido al bloque Evolución Radical, por impulso del porteño Emiliano Yacobitti, permitirá deducir del impuesto a las Ganancias hasta un 40% de los gastos educativos de las familias, incluyendo cuotas de colegios privados, compra de libros, equipamiento y cursos.
Por otra parte, el Frente de Todos está decidido a avanzar con el agregado de último momento para que todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias. Esa modificación tomó por sorpresa a Juntos por el Cambio, y si bien la mayoría está dispuesta a acompañar, hay excepciones.
Uno de los díscolos es Pablo Tonelli (PRO), que además en consejero de la Magistratura y ya anticipó que votará en contra. “En 2016 no incluimos a los jueces designados antes de 2017 porque el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que la remuneración no puede ser disminuida de manera alguna. Es la solución que se aplicó en Estados Unidos”, fundamentó.
El único artículo que la oposición quiere y estaría en condiciones de voltear es el 95, que extiende hasta 2023 la facultad del Poder Ejecutivo de aumentar las retenciones al sector agropecuario. Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y los libertarios se unirán para eliminar esa cláusula y podrían reunir entre 129 y 130 votos.
