Carolina Ramos
La oposición activó la maquinaria para intentar revertir en la Cámara de Diputados los vetos al presupuesto universitario y a la emergencia pediátrica, que tiene como epicentro el hospital Garrahan. En un marco de amplio rechazo, los bloques no oficialistas ya trabajan en el pedido de sesión, que podría desdoblarse, mientras empiezan a hacer cálculos para repetir los dos tercios que ya lograron en la votación original.
Con los dos vetos ya comunicados a la Cámara Baja, comenzaron este jueves las conversaciones entre los armadores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Definen si sesionar con ambos vetos el próximo miércoles 17 o desdoblar las convocatorias para abordar ese día el caso del Garrahan y la semana siguiente el de universidades.
En contacto con legisladores, algunos rectores pidieron retrasar el tratamiento del veto que los involucra para dar tiempo a la organización de la marcha federal que se realizará el día del debate en el Congreso y se replicará en distintos puntos del país. A la futura movilización se suma un paro nacional de 24 horas previsto para este viernes.
El veto está en la cuerda floja. El rechazo va desde el kirchnerismo y la izquierda hasta la UCR y el espacio Provincias Unidas. Las reacciones coinciden en que el gobierno de Javier Milei ignoró el mensaje que dieron las urnas el último domingo, cuando La Libertad Avanza perdió por 14 puntos a manos de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires.
“Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”, lamentó el gobernador Axel Kicillof, artífice de la derrota libertaria. “Plata hay, pero ya sabemos que se va para Karina Milei. Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto”, reprobó por su parte Martín Lousteau, titular del radicalismo nacional.
Mientras las voces en contra se reproducen, en Diputados arrancan los “poroteos”. En la votación original, el proyecto universitario (que busca actualizar gastos de funcionamiento y salarios) ya recibió los dos tercios que se necesitarían para voltear al veto. Hubo 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones y 18 ausentes. En estos últimos dos grupos es donde se pone la lupa, porque pueden torcer la balanza para uno u otro lado.
La oposición aspira a sumar tres votos del nuevo bloque de exlibertarios llamado Coherencia, que está en modo subversivo. Su integrante más conocida, Marcela Pagano, se había ausentado, y otros dos, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, habían votado en contra porque también integraban, todavía, La Libertad Avanza. La cuarta, la mendocina Lourdes Arrieta, ya estaba separada hace tiempo y votó a favor.
Hay diputados más zigzagueantes que estuvieron ausentes, como Oscar Zago (exjefe de la bancada oficialista, que juega como aliado ocasional) y los cuatro misioneros de Innovación Federal que siguen órdenes del mandamás de la provincia, Carlos Rovira. Al oficialismo le conviene mantenerlos afuera, porque mientras más ausentes haya, será más fácil llegar al tercio para blindar el veto.
En el caso del Garrahan, la ley (que asigna un presupuesto inmediato y prioritario para insumos, medicamentos e infraestructura, y recompone salarios de médicos y residentes) también fue aprobada por dos tercios. Hubo 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, pero una cantidad de ausentes mayor a la del financiamiento universitario (26).
Expectativas enterradas
En la oposición hay escasa expectativa de que el Presupuesto Nacional 2026 que presentará Milei el próximo lunes en cadena nacional contemple los requerimientos de las universidades que están plasmados en la ley, donde se busca atender principalmente la crisis salarial por la caída del 40% del poder adquisitivo del salario docente desde diciembre de 2023.
“El anticipo del Presupuesto 2026 que enviaron en junio ratifica que la educación para nada es una prioridad ni un compromiso para el Estado, aun cuando hay normas que cargan en el Estado la responsabilidad de su financiamiento y que Milei incumple. Si el Presupuesto es congruente con el anticipo que enviaron hace unos meses, para nada va a satisfacer las demandas que tenemos”, adelantó la diputada kirchnerista Blanca Osuna, referente de la Comisión de Educación.
En los argumentos del veto, el Poder Ejecutivo calculó que la ley costará $1.069.644.600.000 solo en 2025, e insistió en que “la ley presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación”
“El impulso de una medida como la actual, que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, fundamentó el PEN.
En el sector afectado no comparten esos argumentos. El presidente y el vice del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa y Franco Bartolacci, confesaron que “tenían la esperanza” de que el Ejecutivo no vetara la ley, y negaron que genere déficit. “La situación para las universidades es extrema”, alertó Alpa.
Ambos funcionarios formularon esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA (Universidad de Buenos Aires) junto a su rector, Ricardo Gelpi, quien anunció que esa institución iniciará “un plan de restricción de gastos operativos” y que funcionará “en estado crítico para poder terminar el año”.