Carolina Ramos
En medio de movilizaciones del sector, la oposición avanza con una ley rechazada por el Gobierno de Javier Milei para declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el año 2027. La iniciativa, que se encuentra bajo amenaza de un veto presidencial, obtuvo dictamen este jueves en la Cámara de Diputados y busca, entre otras cosas, otorgar una compensación urgente a los prestadores y actualizar el nomenclador.
El debate se dio en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto, donde se firmaron cuatro despachos separados: el de mayoría, de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda; y tres de minoría, presentados por el PRO, la UCR y Democracia para Siempre, respectivamente. Ahora buscarán acercar posiciones de cara a la votación en el recinto, que por ahora no tiene fecha.
“La situación crítica viene desde hace tiempo, pero empeoró porque no ha habido ningún aumento en las prestaciones”, advirtió el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor del proyecto que recibió más apoyo.
La propuesta mayoritaria establece en primer lugar que el Poder Ejecutivo deberá financiar, con recursos del Tesoro Nacional, una compensación de emergencia a los prestadores. Según explicó Arroyo, “se toma como línea de base diciembre de 2023, antes del 120% de devaluación, se actualiza el valor del nomenclador al mes de abril, se descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso se compensa”.
A partir de esa compensación, indicó Arroyo, la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) tendrá que establecer un nuevo nomenclador “racional, lógico y razonable en términos de los montos que requieren las prestaciones”.
“Hoy un transportista cobra $541 el litro de nafta. Como la nafta está casi $1.500, en vez de transportar a las personas con discapacidad cinco días a la semana, con suerte las transporta dos, y no sigue el tratamiento que corresponde”, alertó el legislador de Unión por la Patria para describir los efectos que tiene la crisis de prestadores.
La situación crítica, indicó, también alcanza a los trabajadores con discapacidad empleados en talleres protegidos: según Arroyo, cobran $28.000 por mes y ese monto no se actualiza desde febrero de 2023. “Está claro que estamos ante una evidente emergencia y ante un ingreso fuera de toda regla. Con un problema adicional: las personas no han cobrado ni enero, ni febrero ni marzo”, detalló.
El diputado también encendió alarmas porque “los hogares y las asociaciones civiles están a punto de cerrar. Todos tienen deuda con ARCA (ex AFIP). Les prometieron que hasta el 30 de junio no hablan de esa deuda, pero eso es dentro de 30 días”.
Por otro lado, Arroyo describió el drama generado con las auditorías iniciadas por este gobierno sobre las pensiones por discapacidad. “Hay 500.000 personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero en los últimos 14 meses solo entraron 586”, precisó, y agregó: “Le han pedido a la Andis un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías”.
La UCR, el PRO y Democracia para Siempre, aunque firmaron dictámenes diferentes, compartieron la necesidad de actualizar el nomenclador y las prestaciones. El PRO propuso, además, que se amplíen los incentivos para el empleador que contrata a personas con discapacidad. El bloque macrista fue crítico de la caída de las prestaciones frente a la inflación entre 2020 y 2023.
En el debate no intervino ningún diputado de La Libertad Avanza y, de hecho, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, estuvo ausente. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó el “cepo” que le pone el libertario a la comisión, que también interviene en otros temas calientes como la reforma previsional, las retenciones al campo y, próximamente, una nueva ley de financiamiento universitario.
Rechazo oficial
El Gobierno expresó su “enérgico rechazo” de la emergencia en discapacidad a través de un comunicado de la Andis. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, advirtió el organismo al finalizar el debate.
La Andis señaló que “lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían”, y agregó que “ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable”.
“Quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban”, sostuvo la repartición oficial.
En ese sentido, aportó números: “En 2003 había 80.000 pensiones por invalidez; en 2023, esa cifra superaba el 1.250.000. La gestión anterior flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. Al mismo tiempo, dejaron caer el valor real de las prestaciones: mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%”.