Carolina Ramos
La oposición empieza a rearmarse en la Cámara de Diputados para insistir con el presupuesto universitario en un escenario verdaderamente complejo. La expectativa pasa por los efectos de un veto del presidente Javier Milei en pleno año electoral, la capacidad para resistirlo desde el Congreso y el entrecruzamiento con otros temas sensibles a nivel social, como son las jubilaciones y la crisis en discapacidad.
El proyecto que impulsan los rectores del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y los que presentaron los diputados son similares a la ley que fracasó el año pasado, pero sus promotores saben que para Milei será más incómodo vetarla en medio de la campaña para una elección donde se plebiscitará la gestión de La Libertad Avanza.
Además del factor electoral, inexistente el año pasado, se generó un “combo” con las iniciativas para recomponer los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en discapacidad. Esos proyectos, rechazados por el Gobierno por su costo fiscal, pueden ser aprobados en la sesión del próximo miércoles en Diputados, por lo que asoma un frente de batalla complicado para la administración libertaria en materia social.
Como la gota que horada la piedra, la agenda de la oposición erosiona a un gobierno que no resuelve como sus aliados quisieran. “El Gobierno tiene tiempo para desactivar estas bombas a través de un diálogo, pero no reacciona”, lamentan en la UCR, que el año pasado apoyó la ley universitaria y hace equilibrio entre mantener esa bandera y negociar listas con los libertarios.
Por ahora, la apuesta del Gobierno es dividir al movimiento universitario con negociaciones por separado con cada institución, según advirtieron fuentes parlamentarias enroladas en la causa, que señalaron que la preocupación principal pasa por los salarios. Según el CIN, más del 70% de los trabajadores docentes y no docentes perciben remuneraciones por debajo de la línea de pobreza.
Asimismo, según explicó el presidente de la entidad, Oscar Alpa, se pusieron al día los fondos para gastos de funcionamiento respecto de la inflación de 2023, pero “falta el 118% de inflación del año pasado”. Y por la distribución del Presupuesto prorrogado, en los primeros cuatro meses del año las universidades recibieron “un 30% menos” nominalmente, es decir, sin actualización por inflación.
Los datos oficiales, en tanto, muestran que las transferencias a universidades aumentaron un 10% en el primer cuatrimestre del año con relación al mismo período del año pasado, pero la comparación es contra un período en el que el recorte de esas transferencias había sido muy fuerte.
En este contexto, la oposición (que arrastra el desgaste de 2024) enfrenta desafíos en un triple frente: articular una estrategia parlamentaria, que aún no está madura; lograr que el reclamo se traslade con fuerza a las calles, como ocurrió el año pasado con dos marchas federales; y, al final del camino, resistir un casi seguro veto presidencial evitando que el oficialismo reúna el tercio de votos.
En 2024, 84 diputados votaron a favor del veto, 160 en contra, y hubo cinco abstenciones y ocho ausentes. Fue clave la ayuda de gobernadores representados por el bloque Innovación Federal (Salta y Misiones) y también la de los radicales “con peluca”, que venían de estrenar ese apodo meses atrás cuando ayudaron a Milei con el veto jubilatorio.
Muchas miradas ahora apuntan al bloque PRO. Su jefe, Cristian Ritondo, se encuentra en plena negociación para cerrar listas con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y ratifica el acompañamiento a Milei, pero hay expectativa por las órdenes que pueda bajar el expresidente Mauricio Macri. Aunque la bancada sigue unida en los hechos, padece una división tácita entre “mileístas”, “macristas” y diputados con posiciones más “de centro”.
Unión por la Patria tiene en mente un plan para votar el financiamiento universitario en la anteúltima semana de junio, pero las conversaciones aún están tibias y falta cerrar acuerdos con otros bloques que están a favor de la ley (el radicalismo de Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda).
Los rectores nucleados en el CIN oficializaron esta semana, a una velocidad más lenta que la deseada por algunos legisladores, su proyecto para incrementar la inversión anual en educación superior, actualizar los gastos de funcionamiento, recomponer los salarios docentes y ampliar las becas.
Ya había otras iniciativas presentados por el cordobés Pablo Carro (Unión por la Patria), la radical de Evolución Danya Tavela, y el Frente de Izquierda. La de Tavela (una diputada de diálogo fluido con rectores) tiene apoyo de su bloque, Democracia para Siempre, y de Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Ahora, viene el trabajo de cruzar todos los expedientes.
Mientras aguardaban el proyecto del CIN, Carro buscó apoyo para someter el presupuesto universitario a una consulta popular, pero no consiguió consenso. El objetivo sigue siendo una ley que garantice recursos ante las sucesivas prórrogas presupuestarias, que le dan discrecionalidad a Milei para el manejo de fondos.
El primer paso para la oposición será desbloquear el debate en las comisiones de Educación y Presupuesto. Algo que, de haber acuerdo, buscarán aprobar en la sesión del próximo miércoles. La idea que circula es realizar dos reuniones plenarias y votar un proyecto acordado alrededor del 18 de junio, para girarlo al Senado. Para ese entonces, estarán en pleno armado las listas de candidatos.