Redacción Vía País
Desde que se conoció el pedido de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, desde diversos ámbitos surgieron mensajes a favor y en contra de la vicepresidenta. Este martes, un comunicado emitido por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desató la polémica por manifestar “de manera oficial” su apoyo a la vicepresidenta.
En su cuenta de Twitter, el mensaje que acompañaba el link del comunicado rezaba: “Compartimos con la comunidad de la Facultad la Declaración de Consejo Directivo aprobada en el día de la fecha sobre la persecución judicial y mediática por razones políticas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Así, las autoridades decidieron “repudiar enérgicamente” los acontecimientos y “rechazar el uso del sistema judicial para la proscripción de líderes de nuestra región”.
La declaración, señalaron, se aprobó tras el avance del “juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 por la llamada mediáticamente ‘Causa Vialidad’ que tiene entre sus principales acusados a quien fuera dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ex funcionarios públicos”.
El documento destaca que “la denuncia original realizada por Javier Iguacel de sobreprecios en obras de vialidad” durante las gestiones de la expresidente jefa de Estado, por la cual comenzó esta investigación, “no ha sido corroborada por ninguno de los peritos involucrados”.
“Las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación Argentina”, dice el comunicado, y asegura que se “han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes de la oposición”.
Para la Facultad de Filosofía, hay una “alianza canallesca”
“A pesar de la falta de pruebas e irregularidades en el juicio, la fiscalía pidió como pena 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”, resaltaron.
“Dicha inhabilitación pretende interrumpir de forma ilegítima el proceso de ampliación de derechos y empoderamiento popular, iniciado durante la presidencia de Néstor Kirchner y profundizado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner”, remarcaron.
En la declaración, además, se cuestiona que se le haya “impedido a la vicepresidenta ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa” y se refirieron al “lawfare”, que calificaron como una “táctica de guerra jurídica” en la que “una alianza canallesca entre los poderes judicial, mediático y político impulsan juicios a partir de falsas denuncias”.
El Consejo Directivo sostuvo que estos procesos “se han hecho cada vez más frecuentes contra líderes populares latinoamericanos, socavando las bases del sistema democrático”.
“En otros países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay, ya hemos atestiguado el funcionamiento de este tipo de persecuciones cuyo objetivo no es otro que preservar el status quo, donde son las derechas conservadoras las que dirimen el poder dejando por fuera a los sectores populares y sus necesidades”, enfatizaron para cerrar la declaración.