Redacción Vía País
Este jueves vuelve la actividad en la Corte Suprema en lo que será la primera reunión de sus integrantes después del pedido de juicio político por parte del Gobierno de Alberto Fernández por mal desempeño. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados buscarán la admisibilidad del proyecto para que pueda avanzar al recinto.
Por un lado, el encuentro entre los integrantes del máximo tribunal estarán en el Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, donde será la primera vez que se vean las caras después de las denuncias por los vínculos con Marcelo D’Alessandro, el ministro de seguridad porteño que está en uso de licencia, a través del colaborador de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte.
En ese intercambio, filtrado a fines del año pasado, el principal colaborador del magistrado y el ministro de Juntos por el Cambio coordinaban y comentaban la comunicación del conflicto por la designación del senador oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, lugar que reclama el senador opositor de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez.
Más allá de los cruces políticos de la Corte, el tribunal supremo tiene una agenda de alto impacto en lo inmediato, que involucra la coparticipación de impuestos que recibe la ciudad de Buenos Aires y la distribución política de las bancas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve jueces.
En cuanto a la coparticipación, la Corte falló en diciembre pasado a favor de la Ciudad en su disputa por los fondos con la Nación y elevó su participación al 2.95 por ciento de los fondos distribuibles. El Gobierno recurrió inmediatamente la decisión y solicitó que el tribunal se forme con conjueces que no hayan participado del fallo y sobre esos pedidos tiene pendiente una definición la Corte.
Sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, la Corte definió que la separación del bloque oficialista había sido un “ardid” para tener más representantes y que por tanto la banca correspondía a la oposición. El oficialismo ratificó su designación de Martín Doñate y como respuesta la Corte dejó pendiente el juramento de los cuatro senadores, con lo cual todavía está pendiente de integración el órgano que selecciona y eleva ternas de jueces al Poder Ejecutivo.
Qué pasará en el Congreso con la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados
La comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard (FdT) se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo para avanzar con la aprobación de la admisibilidad de los expedientes que apuntan contra los integrantes de la Corte Suprema, tras dos encuentros previos que sirvieron para establecer el cronograma de trabajo y recibir los testimonios de los autores de los 14 expedientes que se tramitan.
Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el oficialismo tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro jueces supremos.
La admisibilidad se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas: una de mayoría con las 16 firmas del FdT expresándose a favor de ese trámite y otra de los integrantes de JxC rechazándola.
En esta última, Paula Olivetto y Juan López, de la Coalición Cívica, dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causales expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por ese partido, aclarando que no lo hacen por los argumentos principales de los expedientes del FdT.
En caso de aprobarse la admisibilidad, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara, una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento (172 diputados si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta).
Igualmente, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el Frente de Todos evalúa tenerlo en reserva a la espera de algún escenario de correlación de fuerzas más favorable.
Con información de Télam.