Intentendes del interior del país manifestaron esta semana su voluntad de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en medio de las audiencias de sus causas judiciales.
“Manifestamos nuestra preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”, escribieron.
Más de 509 intentendentes firmaron la declaración que está circulando en las redes sociales. Los referentes pertenecen a las las provincias de Jujuy (8 firmantes), Catamarca (17 firmantes), Tucumán (38 firmantes), Salta (4 firmantes), Santiago Del Estero (158 firmantes), Corrientes (8 firmantes), Chaco (47 firmantes), Formosa (37 firmantes), Cordoba (55 firmantes), Santa Fe (34 firmantes), Entre Rios (33 firmantes), Mendoza (2 firmantes), San Luis (1 firmante), San Juan (2 firmantes), La Rioja (17 firmantes), Chubut (9 firmantes), La Pampa (7 firmantes), Neuquén (4 firmantes), Rio Negro (8 firmantes), Tierra Del Fuego (3 firmantes), Santa Cruz (16 firmantes).
“La persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, escribieron.
“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, finaliza el comunicado.
El fiscal Luciani pedirá una fuerte condena contra Cristina Kichner
Este lunes se conocerán los requerimientos de sanciones contra la vicepresidenta, quien está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La dura acusación de Luciani habló de que “la asociación ilícita duró 12 años” en donde apuntó contra la actual vicepresidenta y remarcó que “al Congreso le mintieron” producto de la presentación de presupuestos para las obras públicas que llevó a cabo la empresa del empresario K, Lázaro Báez.
