Carolina Ramos
El proyecto de “aporte especial de emergencia” sobre los bienes no declarados y fugados al exterior para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cosechó este miércoles apoyo de sindicalistas y duras críticas de la oposición, que advirtió que se trata de un blanqueo y que se recaudará menos dinero que con las leyes actuales.
El debate comenzó con una ronda de invitados en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en el Salón Azul del Senado. Juntos por el Cambio pidió citar para el próximo encuentro al ministro de Economía, Martín Guzmán; al titular del Banco Central, Miguel Pesce; y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Oscar Parrilli, uno de los autores del proyecto, destacó que apunta a “defender la democracia” y “que las decisiones políticas las tomen los funcionarios políticos elegidos por el pueblo”. “Nuestro bloque votó diferente (el acuerdo con el FMI), pero todos estamos de acuerdo en que no podemos gobernar con el FMI encima”, sostuvo el senador.
Parrilli explicó que se busca “que vuelvan los 86.000 millones de dólares que se fugaron entre 2016 y 2019″ para crear un fondo que se utilizará para financiar la deuda. Paralelamente se avanzará con la figura del colaborador, es decir, aquellas personas y entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados.
Martín Lousteau intentó poner en aprietos al oficialismo. “Este proyecto no trata de corregir la fuga, sino que refiere a los bienes no declarados al exterior, que es algo distinto”, analizó el legislador de Evolución tras consultar a uno de los directores del Banco Nación, Guillermo Wierzba, que calificó al proyecto como un acto de “justicia”.
Lousteau advirtió que se cobrará un 20% en lugar del 35% establecido en la actualidad. “Es un blanqueo de aquellos que no declararon lo que tienen en el exterior, y además es un blanqueo sin limitantes: se puede blanquear a alguien con origen ilícito de fondos o a alguien que estuvo lavando”, señaló.
El economista también se cruzó con otra de las directoras del Banco Nación, Julia Strada, a quien le preguntó por qué no se aplican los instrumentos actuales y el Régimen Penal Tributario para perseguir y castigar la evasión. La funcionaria respondió en ese sentido que “lo más importante del proyecto es el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal”.
Ese aspecto también fue destacado por la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. “Sumamos herramientas a la AFIP, a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la Justicia”, resaltó, y agregó que “el objetivo principal es que se va a constituir un fondo en dólares” para cancelar la deuda con el FMI, tras el acuerdo firmado con la Argentina.
Apoyo sindical
Durante la mañana, el bloque de senadores oficialistas recibió en el Salón Illia a dirigentes sindicales que respaldaron el proyecto. Por la CGT estuvo el camionero Pablo Moyano, y se sumaron Hugo Yasky (CTA), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Héctor Amichetti (Gráficos), Omar Plaini (Canillitas), Vanesa Siley (Judiciales) y Ricardo Peidró (CTA Autónoma), entre otros.
“Desde la Confederación General del Trabajo vamos a apoyar este proyecto, lo vamos a militar en la calle cuando sea necesario. Es un apoyo total de la CGT”, garantizó Moyano, que así buscó despejar dudas sobre las ausencias de Héctor Daer y Carlos Acuña.
Por su parte, Yasky apuntó que “en cada festival de endeudamiento y fuga, siempre el hilo se cortó por lo más delgado y terminamos pagando los sectores populares. Este proyecto es una oportunidad para quebrar ese círculo y que por fin alguna vez paguen los que fugaron divisas a las guaridas fiscales”.