Carolina Ramos
En su afán de correr la agenda de la investigación judicial sobre Manuel Adorni, el Gobierno promueve leyes sin certezas de tener los votos y se mete en un laberinto difícil de sortear. Tanto la reforma electoral como las nuevas leyes de discapacidad y salud mental prometen debates complicados para un oficialismo que, al día de hoy, tampoco logra avanzar con las leyes de inviolabilidad de la propiedad privada y presupuesto universitario.
El Gobierno envía la reforma electoral e incorpora la Ficha Limpia en un guiño a aliados
En cuestión de días, el Poder Ejecutivo envió al Senado la ley de “prevención del fraude en las pensiones por invalidez”, la nueva ley de salud mental y el paquete electoral. Cada gran título esconde puntos controvertidos y todo indica que el Gobierno tendrá que conceder modificaciones, o bien tener gestos con gobernadores, si quiere llevarse algún trofeo.
La ley de discapacidad representa el mayor desafío, ya que el Senado votó dos veces la ley de emergencia que el Gobierno actualmente incumple (la segunda, con dos tercios). Difícil que los senadores que votaron esa norma ahora acompañen modificaciones tan polémicas como un reempadronamiento obligatorio para los beneficiarios de pensiones y la eliminación del nomenclador universal que equipara el valor de las prestaciones en todo el país.
Con la reforma electoral, la Casa Rosada asumió otro riesgo: pese a que desde el Congreso aconsejan lo contrario, retomó el formato de “ley ómnibus” que aplicó con la Ley Bases y la reforma laboral, y mezcló la derogación de las Paso con la Ficha Limpia y cambios drásticos en el financiamiento y publicidad de las campañas y en la vigencia de los partidos políticos.
En la oposición no hay dudas de que, en semejante pantano, la ley que salga del Congreso no será ni por asomo la misma que mandó el Gobierno. En Diputados, los pronósticos son pésimos. “Va a venir una ley muy diluida del Senado. Mandaron un león, vuelve un gatito”, ilustró un diputado, en una ironía sobre el animal con el que se identifica Javier Milei.
Dentro del “combo”, la derogación de las primarias es el punto que más le interesa al presidente, pero a su vez el que más resistencia presenta. Por fuera de La Libertad Avanza, las demás fuerzas políticas no están dispuestas a quedarse sin una herramienta ordenadora como las Paso. A la vez, hay temor de que la quita de los aportes estatales a las campañas abra la puerta al financiamiento espurio.
“El sistema electoral argentino es muy bueno. Javier Milei llegó al poder gracias a este sistema electoral. Pasó de ser un semi conocido panelista de televisión a candidato presidencial, y todo con financiamiento del Estado”, analizó ante este medio un legislador que tiene varias elecciones a cuestas y defiende las Paso.
¿Alcanzará con haber incluido la Ficha Limpia para que bloques como la UCR y el PRO voten toda la ley? La pregunta aún no tiene respuesta y se develará a lo largo del debate. Por lo pronto, desde esas bancadas consideran que las primarias deben ser mejoradas, pero no eliminadas, lo que obliga al oficialismo a abrir una negociación.
El desafío global para el Gobierno no es menor: tanto la ley en general como cada uno de sus artículos requieren mayoría absoluta, que en el Senado son 37 votos. La Libertad Avanza tiene 21 y le faltan 16 para lograr el objetivo. La UCR tiene 10, el PRO 3, Convicción Federal (peronistas afines) 3, y hay otros 10 distribuidos en distintos bloques provinciales, como la cordobesa Alejandra Vigo.
Esos bloques provinciales tendrán su peso, sobre todo en el artículo que restablece el botón de “lista completa” dentro de la Boleta Única de Papel. Cuando se discutió la ley en 2024, los senadores de partidos locales se opusieron a incluir ese casillero por temor a un “efecto arrastre” en detrimento de las “listas cortas”. El oficialismo aceptó eliminarlo pero ahora insiste. Un elemento más para la complejidad del debate.
Otras leyes trabadas
Desde la sanción de la Ley de Glaciares a este parte, el Congreso entró en una meseta donde el único proyecto que registró un avance concreto no mueve el amperímetro. Se trata de la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca hacer una depuración de más de 70 leyes que quedaron obsoletas.
Martín Menem intentó aprobarla esta semana en Diputados, pero no consiguió el número para sesionar y desistió. “No les vamos a regalar un triunfo en la previa de Adorni”, dijeron bloques de la oposición que fueron tanteados por el titular de la Cámara. Y es que toda la expectativa pasa por la presentación del jefe de Gabinete el próximo miércoles.
En el Senado tampoco hubo buenas noticias para los libertarios: Patricia Bullrich, jefa del bloque, pretendía dictaminar esta semana la ley de defensa de la propiedad privada, pero todavía no logró cerrar las negociaciones y postergó el plenario. Los aliados tienen reparos con puntos como la venta sin límites de tierras a extranjeros y el nuevo mecanismo de “desalojo exprés”.
Por si fuera poco, La Libertad Avanza tampoco logra arrancar el debate sobre su proyecto alternativo de presupuesto universitario, pensado para evadir la ley vigente. El Gobierno está a la espera de que se resuelva el recurso extraordinario que presentó ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto había intenciones de tratar una nueva norma, pero hasta ahora no ocurrió.
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Por lo pronto, el único tema próximo a ser dictaminado es la ratificación de los “acuerdos de conciliación” celebrados con dos holdouts que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros fondos buitre. El pago total es de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El proyecto del Ejecutivo será tratado el miércoles a las 11.30 las comisiones de Presupuesto y de Economía Nacional e Inversión. Aunque la fecha límite para el tratamiento es el 30 de abril y no se llegará con los tiempos, La Libertad Avanza buscará dar una señal con la firma del dictamen.