Carolina Ramos
Por segundo año consecutivo, la oposición sancionó en el Senado una ley de presupuesto universitario y expone al presidente Javier Milei a un nuevo veto. Con 58 votos positivos, Unión por la Patria, la enorme mayoría de la UCR y el PRO, y todos los bloques federales le dieron luz verde al proyecto que ya había avalado la Cámara de Diputados.
La Libertad Avanza volvió a quedar sin margen para resistir: reunió apenas 10 votos negativos. Fueron los seis integrantes del oficialismo; Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling, del PRO; la radical santafesina Carolina Losada, que el año pasado había votado a favor y ahora dio un extraño giro; y el formoseño Francisco Paoltroni, que se había alejado de los libertarios y ahora se reconcilió.
Hubo además tres abstenciones, del salteño Juan Carlos Romero (aliado oficialista) y dos senadoras del PRO, Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut).
El cordobés Luis Juez (PRO) volvió a poner a prueba su vínculo personal con Milei y votó a favor, sin ataduras y basado en una posición personal. También acompañó nuevamente la peronista Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. Álvarez Rivero, en tanto, sigue sin despegarse del Gobierno y votó en contra junto con el oficialismo.
Para estupor de los senadores opositores, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, dijo que “la educación pública universitaria es una prioridad para este gobierno”, que “se puso manos a la obra y se puso a invertir en alfabetización y a sacar las ideologías de la educación que venían envenenando la mente de nuestros niños y jóvenes”.
Atauche coincidió en que este tema “se tiene que tratar en el Presupuesto”, pero recordó que el año pasado “chocamos con la clase política que no entendía lo que era tener un Presupuesto con déficit cero”. También sostuvo que su gobierno viene a “combatir el país donde los egresados valen 500 millones de pesos y hay universidades inventadas”.
La aprobación del financiamiento universitario fue el segundo golpe de la jornada para el Gobierno. Antes, la oposición había volteado cuatro decretos delegados y un DNU de Milei, entre ellos el que reestructuró el INTA y el INTI y el que disolvió la Dirección de Vialidad Nacional. La sesión seguía con otro tema incómodo para el oficialismo, la emergencia en pediatría por la crisis del hospital Garrahan.
Debate y cifras
En el recinto volvió a plasmarse el malestar opositor ante la falta de reacción del Gobierno. “Milei eligió no tener Presupuesto, por eso estamos otra vez acá”, apuntó el titular de la UCR, Martín Lousteau. Recordó que en 2024, “recién después de dos marchas, el Gobierno atendió los gastos de funcionamiento, aunque todavía están por debajo de 2023”, a la vez que se siguen “depreciando los salarios” de docentes y no docentes.
Vigo, por su parte, indicó que “el verdadero problema es que no hay una voluntad de invertir en educación en Argentina” y añadió que “es muy difícil no estar de acuerdo con esta postura de querer financiar a la universidad pública”.
La cordobesa explicó que “si bien el Poder Ejecutivo ha realizado recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados a la educación superior se ubican en el nivel más bajo de las últimas dos décadas. En términos reales, el financiamiento para 2025 es un 9% inferior al del año pasado, que ya venía con retraso, y acumula una caída del 32% desde 2023, por lo que el recorte compromete el funcionamiento de las universidades”.
Desde Unión por la Patria, también aportó cifras el puntano Fernando Salino: precisó que según un informe de la CONADU de junio del 2025, la inversión en educación superior es hoy del 0,43% del PBI, cuando históricamente fue del 0,80% del PBI.
El camporista Eduardo “Wado” De Pedro, titular de la Comisión de Educación y Cultura, advirtió que “los docentes y no docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo”, y además “perdimos más de un año sin que se haya construido ni un aula”.
El salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, había votado a favor el año pasado, pero ahora se abstuvo: “No voy a votar jamás en contra de la universidad, pero tampoco me satisface este proyecto, porque está sesgado, en medio de una campaña electoral, a un tema que se podría resolver con un Presupuesto o con una paritaria”.
El proyecto sancionado es similar al que Milei vetó en 2024. En primer lugar, actualiza los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre de 2023 hasta hoy, en un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del mismo período. Dentro de un mes, el Ejecutivo estará obligado a convocar a paritarias, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no menor a la inflación.
Por otra parte, el Ejecutivo deberá actualizar el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades al 1° de enero de 2025, según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024. Este monto además se deberá actualizar desde enero hasta diciembre de 2025, de forma bimestral, también según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos ya otorgados este año deberán tomarse a cuenta para el cálculo.