Redacción Vía País
La reunión convocada para las 13 iniciará el tratamiento en la Cámara alta del proyecto de ley que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en el que se plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores y se suspenden por un año los desalojos.
La iniciativa fue aprobada el 6 de julio en Diputados con 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, y Provincias y la UCR, mientras que fue rechazado por 40 diputados del Pro, los libertarios y la izquierda, mientras que 18 se abstuvieron, del Interbloque Federal y diputados de la UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica.
Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante el Gobierno de Mauricio Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
El proyecto contempla que, al momento de ejercer la opción, la cuota a abonar por los tomadores de ese tipo de crédito no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores.
Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
Por último, el proyecto prevé en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
El Senado tratará el pago seguro con tarjetas
Otra iniciativa que se pondrá en debate es la promoción del pago seguro con tarjetas de crédito y débito para evitar los delitos informáticos o el phishing.
La iniciativa tiene por finalidad evitar los robos cibernéticos mediante el uso de tarjeta de crédito y/o débito y/o de los datos de la tarjeta mediante el pago seguro en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios del territorio nacional.