Redacción Vía País
Tras los desmanes ocurridos en la plaza del Congreso durante la discusión en el Senado de la “ley bases”, el Ministerio de Seguridad publicó un comunicado este jueves, donde señaló que se presentará como querellante no solo contra los detenidos, sino también contra aquellos que sean identificados en el futuro y los líderes de las organizaciones a las que respondan los imputados
Hasta el momento, hay 33 personas detenidas, y se espera que haya más arrestos a medida que se identifiquen a otros involucrados a través de las cámaras de seguridad emplazadas en la vía pública. La juez María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli están a cargo de la causa y de los detenidos.
Qué dice el comunicado del Ministerio de Seguridad
“El 12 de junio, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha conducido las acciones encaminadas al restablecimiento del orden en la Plaza Congreso y calles aledañas, cuando grupos sediciosos cometieron desmanes con la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación”, comienza explicando el comunicado.
Luego señalan: “A consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: Un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas”.
“Hasta el momento, hay 33 personas detenidas, pero estimamos que habrá más, en la medida en que sean identificadas. Interviene en la causa la juez María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli,a cuyo cargo están los detenidos”, agrega.
Sobre el tema de los costos y la quererlla, el comunicado asegura: “Este Ministerio se presentará oportunamente como querellante, no sólo contra los individuos detenidos, sino también contra los que resulten identificados por las cámaras emplazadas en la vía pública y también a los líderes de las organizaciones a quienes respondieren los imputados. Además, demandará los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no sólo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado”.
“Sin perjuicio de la decidida y espontánea acción del fiscal y de la sólida actuación de la juez de la causa, nuestra querella apuntará a la comisión de los delitos de sedición, perturbación de sesiones del Congreso y estrago doloso (artículo 229, 241 y 186 del Código Penal) con el agravante del artículo 41 quinques, previsto para acciones terroristas”, concluye.