Antes de que se conociera el polémico fallo que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, expuso en el evento de Amcham Summit, donde envió un mensaje al Gobierno nacional en medio del juicio político que avanza en la Cámara de Diputados por supuesto mal desempeño de todos los integrantes del máximo tribunal.
“En los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno (a este, al anterior y probablemente al que venga). Nosotros no venimos a la función pública para hacer nuevas amistades; nosotros estamos para hacer cumplir la Constitución, para garantizar una estabilidad jurídica que permita pensar a futuro”, sostuvo Rosatti desde el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.
El titular del máximo tribunal además señaló que “nuestro sistema es el capitalista, si se quiere otro sistema hay que reformar la Constitución”, y a la vez recordó que la Carta Magna “manda a defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar el mandato de la Constitución”.
Ese mensaje tensó aún más la relación con el Gobierno nacional, que más tarde terminó de implosionar con el fallo que suspendió las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan (que iban a celebrarse este domingo) hasta tanto se resuelva el planteo de los actuales mandatarios Juan Manzur y Sergio Uñac para ir por la reelección.
Por otra parte, en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Rosatti cuestionó la cantidad de casos que llegan a la Corte y alertó que, mientras la Corte norteamericana resuelve en un año hasta 120 causas, el promedio de los últimos diez años en Argentina es de hasta 21.000 expedientes. También precisó que “el 60% de las causas que llegan provienen del propio Estado, que muchas veces apela para ganar tiempo, pero sabiendo cuál va a ser el resultado final”.
Por eso, reclamó que la Corte vuelva a ser “un tribunal de garantías constitucionales” en lugar de uno que “revisa lo que otros tribunales de baja instancia hacen”, y convocó a debatir las reformas necesarias en el Congreso, pero escuchando la voz del Poder Judicial.
Juicio político
Horas después, la Cámara de Diputados retomó el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte, con una nueva declaración testimonial, el del exadministrador del tribunal, Héctor Marchi, citado por los supuestos desmanejos de la obra social del Poder Judicial (OSPJN), que van desde falta de presupuestos hasta contrataciones irregulares, recortes en las prestaciones y faltante de medicamentos.
Marchi, quien se presentó por segunda vez ante la comisión, administró durante 16 años los fondos de la Corte, donde llegó de la mano de Ricardo Lorenzetti, hasta que el pasado 20 de abril fue desplazado a otro sector, en una decisión que él atribuyó a sus distintos informes de auditoría y advertencias sobre los desmanejos de la OSPJN.
El testigo declaró que él “no tenía ninguna responsabilidad ni facultad para tomar ningún tipo de decisión sobre la obra social” y repartió acusaciones contra Rosatti, su asesor Silvio Robles, el director de la OSPJN, Mariano Althabe, y el juez Juan Carlos Maqueda, quien ejercía el rol de supervisor.
“No estoy aquí por la bronca de un traslado”, aclaró Marchi, y agregó: “Sabía que iba a pasar en algún momento, porque me negué a encubrir a Althabe y a Robles”. Según declaró, en la actual gestión la OSPJN “perdió mas de 2.700 millones de pesos”.
En ese contexto, volvió a denunciar que Rosatti intentó ocultar, a través de Robles, una serie de auditorías sobre el funcionamiento deficiente de la obra social. “El doctor Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Althabe, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía. Yo me negué rotundamente y le advertí que no me asustaba su amenaza”, enfatizó.
Además, en otra revelación de alto voltaje, denunció “el posible otorgamiento de contratos” para la Cámara de Casación por parte de Robles, enviado por Rosatti, “para intentar negociar fallos” en Santa Fe. En particular, aludió a una causa donde se investiga al titular de la Corte por supuesto enriquecimiento ilícito.
Además de escuchar el testimonio de Marchi y de otros citados (como la jueza federal Martina Forns, quien denunció la falta de atención de la OSPJN que derivó en la muerte de su marido), la comisión aprobó una ampliación de prueba y resolvió citar como testigo al secretario general del gremio de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, a propuesta de Graciela Ocaña (PRO).
Además, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó que ya fue presentado ante el juzgado de Ariel Lijo el pedido para citar a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, antecesor de Althabe en el directorio de la obra social. Tonón se negó a asistir en las tres oportunidades en las que fue convocado.
