Roberto Pico
El Gobierno nacional realizó una nueva presentación judicial en los Estados Unidos en procura de mitigar el fallo que condena al país a pagar U$S 16.000 millones por la estatización de la petrolera YPF, pero especialistas consideran que tiene mínimas posibilidades de prosperar.
La aspiración del Poder Ejecutivo es que la jueza revise la forma en que se realizó la operación, ante la posibilidad de un presunto acto de corrupción en el proceso de nacionalización de la empresa.
La nueva instancia se abrió luego que la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) elevó un escrito a la jueza, Loretta Prezka, del segundo circuito de Nueva York, que es quien dictó la sentencia condenatoria, solicitando que investigue cómo se produjo la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera.
RAFA apunta a determinar la forma en que en 2012 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, facilitó el ingreso a YPF del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.
Frente a este nuevo pedido, Prezka le solicitó a las partes una respuesta.
En la madrugada del miércoles el gobierno nacional remitió su respuesta apoyando la solicitud.
“El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó una respuesta en la que reitera su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.
En el escrito se indicó que “el Gobierno argentino, bajo la presidencia de Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble. Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados”.
No obstante, añadió que esta posición no implica “abandonar los planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso.
Adorni confirmó además que en esta instancia la defensa de los intereses del país estará a cargo del subprocurador Juan Ignacio Stampalija. Esta decisión se tomó luego que el Procurador, Santiago Castro Videla, se excusara de asumir ese rol ya que forma parte del estudio Biachi, Galarce & Castro Videla, que trabajó junto al buffet de abogados que contrató el fondo Buford, quien llevó adelante en Estados Unidos la demanda contra el país.
El especialista Sebastián Maril señaló que la jueza podría pronunciarse sobre los últimos medidos antes del viernes. Por otro lado, consideró que la chance de que prospere tiene un rango entre 0 y 12%.
Miguel Nathan Licht, presidente Tribunal Fiscal de la Nación, también consideró que existen muy pocas posibilidades de que Prezka tome la decisión de revisar su fallo a partir de estos pedidos.
“Este hecho es conocido y ya fue traído a conocimiento del tribunal. Ya fue parte de la causa. Una vez cerrado un caso no se puede reabrir”, señaló en una reciente entrevista periodística.
Licht fue contundente con su apreciación y consideró que ya “no hay más nada para hacer en el caso”, al tiempo que enfatizó que “es casi imposible que se revierta el fallo”.
“Estamos en una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Es una sentencia que no admite ningún recurso”, insistió.
Esta férrea posición se basa en que el caso de corrupción que se pretende que se investigue ya fue parte de la cauda y que por lo tanto no tiene sentido que otra vez sea observado.
Al mismo tiempo, Licht advirtió sobre el costo que puede demandarle al país seguir con esta línea judicial, dado que demandaría unos US$ 60 millones adicionales.
Los beneficiarios del fallo de Prezka rechazaron la solicitud de RAFA y apoyaron su posición en que, justamente, los motivos del reclamo de esta asociación ya fueron debatidos en el proceso.
En pos de deslindar responsabilidades, Adorni recordó que “este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada”.
Asimismo afirmó que “la República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”.