Carolina Ramos
A una semana de la sanción de las leyes sobre aumento de las jubilaciones, reposición de la moratoria y emergencia en discapacidad, el Gobierno gana tiempo en la definición de los vetos y apuesta a dividir al bloque de gobernadores para frenar la insistencia del Congreso y, a la vez, desarmar la ofensiva iniciada en el Senado con los proyectos sobre reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) e impuesto a los Combustibles.
En las próximas horas, el Congreso girará las leyes sancionadas al Poder Ejecutivo y comenzarán a correr los diez días hábiles para la firma de los vetos. Recién en ese entonces, la Cámara de Diputados estará habilitada para rediscutir el tema. Una ventana de tiempo dorada, que la Casa Rosada buscará aprovechar para cosechar apoyos individuales entre gobernadores y asegurarse el tercio de votos necesarios.
Un importante diputado de la oposición que mantiene un diálogo frecuente con gobernadores comentó a este medio que al menos tres de ellos ya recibieron llamados desde Balcarce 50. Y, además, mostraron visiones distintas entre sí: mientras unos están dispuestos a ir a fondo con los proyectos en Diputados, otros creen que la media sanción del Senado fue suficiente para mostrar poder de daño y forzar una negociación.
Con un dejo de desconfianza, en la oposición esperan que los gobernadores marquen un rumbo claro y se pongan al hombro su causa. Saben que, a último momento, un llamado de la Rosada puede cambiar todo. Los más audaces incluso deslizan que, si los mandatarios no ayudan a rechazar los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad, no habría motivos para impulsar los proyectos por más recursos para las provincias.
Las iniciativas sobre ATN e ICL ya fueron giradas a comisiones, con cabecera en Presupuesto y Hacienda, lo que obliga a la oposición a aprobar un emplazamiento en el recinto para que José Luis Espert (La Libertad Avanza) convoque a reuniones. Es decir que, con suerte, la votación llegaría recién a mediados de agosto, justo en medio de la definición de las listas de candidatos.
La Rosada no solo gana tiempo, sino también números a su favor: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) determinó este jueves cuál es el costo fiscal de las normas sancionadas y concluyó que el financiamiento propuesto por la oposición para la recomposición del 7,2% de los haberes y el aumento del bono a $110.000 es insuficiente.
Según este informe, difundido en un momento ideal para el oficialismo, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de $1.673.494 millones (0,20% del PIB) para lo que queda del año y asciende a $3.402.182 millones (0,41%) anualizado. Y en lo que respecta al aumento del bono, el costo sería de $1.015.676 millones (0,12% del PIB), con un costo anualizado estimado en $3.136.117 (0,38%).
Pero además, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, con un costo de $1.405.413 (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, y un costo anualizado de $3.155.475 millones (0,38%).
Sin embargo, el financiamiento previsto en la ley sancionada (compuesto por exenciones impositivas, reducción del presupuesto de la SIDE, ahorro por el pago de cargos al FMI y otras fuentes) alcanza $3.284.606 millones (0,39% del PIB) para 2025.
Que la ley es “inaplicable” en materia fiscal será el argumento central del veto que firmará el presidente Javier Milei, aunque en la oposición retrucan que la discusión no pasa por el ahorro sino por las prioridades al momento de destinar recursos, como los que esta gestión le otorgó al área de Inteligencia.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, se aferra a los números fiscales y confía en reunir el tercio para blindar ese veto, a pesar de algunas señales de la votación original que arrojan incertidumbre, como la abstención de un grupo de diputados del PRO, con María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato a la cabeza; o la ausencia de dos aliados del MID y otros dos de la Liga del Interior (“radicales con peluca”).
La otra “pata” del paquete jubilatorio es la restitución de la moratoria, esto es, el plan de pagos para que puedan jubilarse aquellas personas que no cumplieron con los años de aportes necesarios. Pero en Diputados ese proyecto no cuenta con el respaldo de toda la oposición y salió con votos muy ajustados (111 a favor, 100 en contra y 15 abstenciones), por lo que será muy difícil que se rechace el veto.
Por el contrario, la emergencia en discapacidad consiguió dos tercios en Diputados, lo que representa un desafío para el oficialismo a la hora de impedir que se repita esa mayoría para frenar el veto. La OPC calculó que esa ley tiene un impacto fiscal de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Para financiarlo, se proponen “ampliaciones y modificaciones presupuestarias”, sin mayor detalle.
Además de la definición sobre los vetos y de los dos proyectos de gobernadores, Diputados tiene en carpeta para la próxima sesión las iniciativas de financiamiento universitario y del hospital Garrahan, que ya están listas para ser votadas en el recinto. El reclamo del Garrahan se trasladó este jueves a las calles, con una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo.
Además, la Cámara Baja debe pronunciarse sobre el veto a la asistencia a la localidad bonaerense de Bahía Blanca por las inundaciones de marzo. El Senado ya insistió en la ley, de modo que si Diputados logra los dos tercios para hacer lo mismo, la ley pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación. A menos que Milei decida judicializarla, un camino sinuoso sin garantía de éxito.