Corresponsalía Buenos Aires
El Gobierno nacional desplegó un amplio operativo de seguridad y aplicó el protocolo antipiquetes en las adyacencias al Congreso nacional para mantener bajo control una nueva marcha de jubilados que resultó más numerosa de lo habitual por la presencia de sindicatos y partidos de izquierda, pero lejos del volumen que tuvieron las dos precedentes.
“No se corta la calle” fue la orden que bajó desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y en función de ese objetivo nuevamente se movilizaron todas las fuerzas federales. A diferencia de las ocasiones anteriores no se informó la cantidad de efectivos que fueron afectados.
A la vista, el operativo resultó desproporcionado con relación a la cantidad de manifestantes, pero de todas maneras se produjeron algunos incidentes.
En el inicio de la marcha, los jubilados se concentraron en la vereda donde se ubica el Anexo A de Diputados, sobre la avenida Rivadavia, acompañados por militantes de partidos de izquierda, y en los primeros momentos fueron contenidos por efectivos de la Policía Federal.
Al mismo tiempo, columnas de distintos sindicatos (UOM y ATE, entre otros) se apostaron en la plaza frente al Palacio Legislativo.
En tanto, la fachada del Palacio y el costado izquierdo del Congreso fueron rodeados por un amplio cordón de Gendarmería Nacional. Y, a su vez, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos se situaron más efectivos de seguridad.
Más tarde, los jubilados realizaron su tradicional caminata alrededor del Congreso, perímetro por el que fueron acompañados por la policía que los obligaba a mantenerse sobre la vereda.
A medida que pasaron las horas la presencia de jubilados fue disminuyendo y creció la cantidad de manifestantes que repudiaban al gobierno de Javier Milei y a su jefa de Seguridad, Patricia Bullrich.
Así la tensión pasó a las ochavas de las calles circundantes donde los manifestantes quedaron rodeados por un número mayor de efectivos que les impedían bajar a la calle.
La magnitud del operativo mostró la férrea intención del Gobierno de imponer su decisión, además de dar una señal para próximas manifestaciones.
Cabe apuntar que la CGT ya anunció que el miércoles 9 de abril acompañará la marcha de los jubilados, como acción previa al paro general de actividades que se realizará al otro día.
El enorme despliegue de las fuerzas de seguridad sobre la marcha de jubilados se produjo el mismo día que ANSES confirmó que en abril los haberes de la clase pasiva tendrán un aumento de 2,4% correspondiente a la inflación de febrero.
Así la mínima subirá de $ 279.121 a $ 285.820 más un bono de $ 70.000 que la eleva a $ 355.820.
Descontrol de las sesiones
Mientras se desarrollaba la protesta de jubilados, puertas adentro del Congreso el oficialismo y el PRO abrieron el debate sobre una reforma del reglamento para ordenar mejor las sesiones, acotarlas y tener un mayor control. La discusión, convocada por Silvia Lospennato (PRO), se disparó por los escándalos de los últimos dos encuentros en la Cámara de Diputados, que pusieron a Martín Menem en el ojo de la tormenta.
En la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, comenzaron a tratarse lentamente los primeros cinco proyectos, presentados por Lospennato, Alejandro Bongiovanni (PRO), Victoria Borrego (Coalición Cívica) y Martín Maquieyra (PRO).
En líneas generales, buscan que las sesiones no puedan excederse más de nueve horas y que tengan que cortar a las 20; pasar para el final las cuestiones de privilegio y homenajes; otorgar tiempos para el uso de la palabra equivalentes a la cantidad de integrantes del bloque; y obligar a comunicar posibles conflictos de intereses sobre los temas en discusión.
La lupa está puesta, sobre todo, en acotar las cuestiones de privilegio, que son un recurso que tienen los legisladores para hacer planteos en el recinto cuando se ven afectados en su honor o decoro, pero en los últimos años se desnaturalizaron y se transformaron en discursos libres sobre actualidad política, que extienden sobremanera las sesiones y generan fuertes discusiones ajenas al temario.
El kirchnerismo puso reparos. “Este es un contexto difícil para avanzar en este debate. Hay que tener especial cuidado con este gobierno y con este presidente de la Cámara”, advirtió Paula Penacca, al sostener que “Menem decidió levantar la anteúltima sesión cuando había quórum reglamentario”.