Carolina Ramos
El torrente de críticas que se extendió desde partidos opositores y aliados hasta asociaciones civiles y gremiales, abogados constitucionalistas y entidades como la AmCham no alteró en absoluto la posición del Gobierno, que este miércoles defendió a rajatabla la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Boletín Oficial.
La decisión de Javier Milei abrió un verdadero conflicto de poderes. Por un lado, el máximo tribunal debe resolver si le toma juramento a los elegidos del presidente en estas condiciones. Por otro lado, el Senado tiene que ratificar o rechazar los nombramientos a lo largo de este año y en la oposición ya hay conversaciones para apurar una sesión, luego de la apertura de ordinarias este sábado.
La tensión escaló además porque Lijo, el candidato con mayor cantidad de impugnaciones y cuestionamientos, logró que la Cámara Federal le conceda licencia como juez federal para poder asumir en la Corte, ya que la designación es hasta el 30 de noviembre y, si el Senado no la confirma, el magistrado podría volver de esa forma a su puesto anterior.
En el decreto 137/25, que designó “en comisión” a Lijo y García Mansilla, el Gobierno apuntó los cañones contra el Senado por la mora en cubrir las vacantes, aunque en la oposición reprochan que el oficialismo no se esforzó en abrir una negociación ni buscar los consensos necesarios, como tampoco ofreció proponer candidatos alternativos.
“En lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, el Senado de la Nación ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política”, advirtió el Poder Ejecutivo al oficializar a los jueces.
Además, consideró que “aquella dilación por parte de quienes deben pronunciarse sobre los pliegos remitidos implica un incumplimiento de los deberes constitucionales del Senado, obvia lo establecido por medio del artículo 16 de la Constitución Nacional, y subordina la correcta administración de justicia a intereses partidarios, en perjuicio de la totalidad de la ciudadanía”.
La postura del Gobierno a la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni refrendó esos argumentos. “La Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, debe tener a todos sus miembros, después de casi un año, sin que esto avance, como corresponde en el Senado. Un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. No debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o de idoneidad”, reafirmó el funcionario.
También el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que “la constitucionalidad del nombramiento de jueces en comisión es incuestionable” y recordó cinco antecedentes. El más reciente, de 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri hizo lo propio con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, aunque luego reculó y envió los pliegos al Senado.
Rechazo de aliados y opositores
El PRO no acompaña la designación de Lijo y volvió a tensar el vínculo con Milei en medio de los tironeos por una posible alianza electoral. En una reunión de la mesa ejecutiva del partido encabezada por Macri, avanzó la posición en contra del juez. Si ningún senador se desmarca, la decisión se traducirá en siete votos menos en el recinto, donde se requieren dos tercios.
Aunque Macri se retiró de la cumbre sin hacer declaraciones, fue el senador entrerriano Alfredo De Angeli, jefe de la bancada, quien anunció la decisión. “La mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo”, dijo a la prensa. El precursor de esta postura fue el cordobés Luis Juez, quien desde el primer minuto se diferenció de la propuesta de Milei pese a la amistad que los une.
En la UCR, el senador radical Pablo Blanco (impulsor de la fallida comisión investigadora de Milei por la supuesta estafa cripto) ya busca apoyos para pedir una sesión y voltear el decreto. El bloque de senadores de la UCR, que salvó al presidente de ser investigado por el caso $LIBRA, calificó como “grave, imprudente e innecesario” en nombramiento en comisión de los jueces, pero volvió a esquivar un pronunciamiento sobre la figura de Lijo.
“Esperamos que se retome el camino de la búsqueda de consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen con este momento histórico”, planteó en un comunicado la bancada que lidera Eduardo Vischi, aliado del Gobierno.
El senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, denunció que “este zafarrancho que hizo hace que sea muy difícil tener una Corte independiente”, porque de esta manera “el 40% de la Corte sabe que sólo van a ser renovados si hacen lo que el Gobierno dice”. En ese sentido, adelantó que “el Senado no puede permitir que este sea el mecanismo”.
También el Partido Justicialista, al mando de Cristina Kirchner, se opuso a la decisión de Milei. Ya en noviembre pasado, los senadores de Unión por la Patria (determinantes para los dos tercios) habían anticipado que no avalarían ninguna designación por decreto que obviara el acuerdo de la Cámara alta.
Las diferencias radican en la interpretación del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, invocado por el Gobierno. Ese artículo habilita al Poder Ejecutivo a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Según explicó el senador Martín Doñate, secretario de Justicia del PJ y una de las espadas judiciales del kirchnerismo, ese inciso “no es aplicable, ya que solo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares o embajadores”, por lo que el Gobierno “confunde a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo”.
El rechazo escaló hasta la AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. “Si bien (el decreto) tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario, representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática”, alertó la entidad en un comunicado.
También hubo posicionamientos en contra por parte de las dos CTA; los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez; y organizaciones civiles como Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y la Fundación Mujeres en Igualdad.