Ezequiel Alippe
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este jueves en su habitual conferencia de prensa, que el Gobierno tomó la decisión de cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
“Vamos a dar los primeros pasos para el desmantelamiento de organismos que no sirven”, dijo Adorni. Y luego aclaró: “El primero de ellos es el Inadi, estamos comenzando con su cierre definitivo”.
En su explicación para que el Gobierno llegase a esta decisión, el vocero de la presidencia comentó: “Uno de los ideales del Presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”.
“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.
Cómo funciona el Inadi
Según lo que explicó el propio Adorni, el organismo que había sido creado para combatir toda forma de discriminación tiene en la actualidad 400 empleados y además cuenta con oficinas en todo el país.
Una de las definiciones del propio vocero, pese a no dar nombres, fue que este tipo de institutos suelen ser conducidos por “funcionarios de dudosa idoneidad”.
“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido”, comentó.
Y sumó: “No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga pagando este tipo de cuestiones”.
En su página web, el Inadi define lo siguiente como sus funciones: “El Inadi tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”.
Y luego de ello, detalla sus principales objetivos:
- Actúa como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas.
- Recibe y centraliza denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y lleva un registro de ellas a nivel nacional.
- Brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.
- Diseña e impulsa campañas de concientización y sensibilización tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de prácticas discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas.
- Proporciona al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia.
- Celebra convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este Instituto.
En la actualidad, el organismo está bajo la intervención de Marisa Greta Pena, funcionaria que fue elegida por Alberto Fernández cuando se fue Victoria Donda.
Fue creado en 1995 tras la sanción de la Ley 24.515, pero comenzó a funcionar en 1997. Actualmente, está bajo la órbita del Ministerio de Justicia.