Rita Márquez
Esta semana, el oficialismo buscará aprobar la ley que reforma el Ministerio Público Fiscal y, de esa manera, modificar la duración del mandato y la forma de elección del procurador general.
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De lograrse dictamen el martes, se desplazará al actual procurador del Ministerio, Eduardo Casal, mandatario temporal desde 2017, y se elegirá a un jefe que sea electo por la mayoría absoluta del Senado, y no por dos tercios.
Si se consigue el quórum necesario para abrir sesión, el plan es poder votar el proyecto a fin de mes. La convocatoria fue acordada el viernes pasado desde las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales. Se realizará a las 19 en el segundo piso del anexo de Diputados. Será de manera presencial ya que los vicepresidentes de las comisiones, que son de la oposición, no pueden dictaminar desde sus hogares.
En noviembre de 2020, el oficialismo había conseguido la media sanción del Senado para la aprobación de la ley, pero no contaban con los votos suficientes en Diputados. De ese modo, postergaron el debate ya que tenían 117 apoyos en Frente de Todos mientras que la oposición 115, de manera que requerirían al menos ocho votos más.
Ayer, cuatro expertos del oficialismo, expusieron distintos aspectos de la reforma en el Congreso, que provocó que Juntos por el Cambio se retire de la reunión. Desde el Gobierno aseguran que dicho enojo se debe a que el oficialismo habría logrado el consenso necesario para la aprobación den diputados.
La promulgación de la ley es uno de los principales objetivos de Martin Soria desde su asunción como ministro de Justicia. Buscará acortar el mandato del procurador a cinco años, ya que hoy es vitalicio, y que se elija por mayoría absoluta.
Además, el ministro modificó el proyecto original que había sido aprobado por la Cámara Alta. Dictaminó que el tribunal de enjuiciamiento de fiscales debe tener un representante del poder Ejecutivo, dos legisladores (uno por mayoría y uno por minoría), un abogado, dos fiscales y un representante del Consejo Universitario Nacional.
El oficialismo lograría los votos necesarios luego de las reuniones que Soria matuvo con el diputado mendocino líder del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, que aportaría cinco votos de los legisladores.
El candidato del presidente Alberto Fernández para el cargo de procurador es Daniel Rafecas. Sin embargo, fuentes informaron que no asumirá si se cambian los términos de la designación. Una segunda opción tendría un perfil más militante, del estilo de Alejandra Gils Carbó, jefa del Ministerio de 2012 a 2017.
Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, referentes del PRO, junto al actor radical Luis Brandoni, compartieron un video a través de Twitter oponiéndose al proyecto. “No vamos a permitir el copamiento de la Justicia, es la última línea de defensa de la República. El Gobierno quiere cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal para darle impunidad a Cristina Kirchner y todos sus funcionarios con causas”, twitteó la presidenta del PRO.
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Precisarán, desde el Gobierno, apoyos de bloques legislativos de menor representatividad para la aprobación. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, solo vota en caso de empate. Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, y Juan Carlos Giordano, del bloque izquierda socialista, podrían habilitar el tratamiento del proyecto asistiendo a la reunión.
Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sargini, de Consenso Federal, podrían asistir pero votar en contra. También lo harían tres diputados del Consenso Federal y cuatro de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti.
Por otro lado, hay casi una decena que podrían votar a favor, fuera de la oposición. Tales son el caso de Ramón y su compañero Pablo Ansaloni, Ricardo Wellbach, Diego Santori y Flavia Morales del Frente de la Concordia de Misiones, y el ex intendente de Bolívar Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos, del bloque justicialista. También se sumarían Luis Contigiani enrique Estévez del mismo bloque de Buzza y Zottos, y Beatriz Ávila del Partido por la Justicia Social.