Carolina Ramos
La semana hábil en el Congreso será corta, pero intensa. El Poder Ejecutivo enviará finalmente a la Cámara de Diputados, tras la ronda de reuniones con legisladores y gobernadores, la nueva versión de la “ley bases”, que el oficialismo aspira a aprobar en el recinto antes de que termine el mes. Paralelamente, el jueves se reanudará, bajo presión opositora, el debate sobre la movilidad jubilatoria.
“Esta semana, antes del viernes, va a ingresar oficialmente la Ley Bases”, confirmó el jefe del bloque oficialista, Oscar Zago, confiado en que “antes de que termine abril” Diputados la apruebe “en su totalidad o la mayor parte posible”, para luego darle el pase al Senado y allanar el camino hacia el Pacto del 25 de Mayo.
El Ejecutivo ultima detalles del proyecto, que esta vez tendrá unos 260 artículos. “Queremos trabajar esto por lo menos unos 15 o 20 días para poder llegar con un 90% de acuerdo, y que cuando estemos en el recinto no empecemos a desviar la atención ni que se empiece a trabar como se trabó la última vez”, afirmó Zago a Radio Continental.
Mientras tanto, el Gobierno busca cerrar acuerdos con gobernadores en torno al paquete fiscal, que se discutirá por separado e incluirá la restitución del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y la moratoria. En ese sentido, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá el jueves a los diez mandatarios de la ex alianza Juntos por el Cambio.
Francos, que la semana pasada participó de un encuentro con gobernadores del Norte Grande, sostiene que “hay un acuerdo generalizado” entre los mandatarios provinciales en torno a la “ley bases” para darle seguridad jurídica a las inversiones, aunque persisten las diferencias en torno a las medidas fiscales, sobre todo con Ganancias.
“La experiencia del tratamiento a principios de año nos ha enseñado que tenemos que ser un poco más abiertos para considerar los aspectos que demandan tanto la Nación como las provincias. La Ley Bases es en beneficio de todos los sectores, porque es la que va a generar inversiones, crecimiento económico y trabajo”, remarcó Francos a Radio Continental.
El borrador del proyecto, que fue analizado con gobernadores y con diputados del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, incluye una delegación de facultades más acotada al presidente Javier Milei, en solo cuatro materias (administrativa, económica, financiera y energética) y por el plazo de un año.
También se redujo la cantidad de empresas a privatizar: serán 13, divididas entre privatización total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina), posibilidad de concesión (AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos Río Turbio) y privatización parcial (Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y Arsat).
Por otra parte, todo indica que el Ejecutivo concederá un insistente pedido de la oposición dialoguista e incluirá en el proyecto la reforma laboral, que fue establecida en el “mega” DNU 70/23 pero fue frenada en la Justicia.
Aunque estarían los votos asegurados (al menos, en Diputados) para que la reforma salga por ley, hay algunos aspectos que la UCR y Hacemos Coalición Federal quieren rediscutir, como la eliminación de multas por la no registración de la relación laboral, la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses y los cambios en el sistema de indemnizaciones.
Jubilaciones
La oposición no cede en la presión sobre la fórmula de movilidad jubilatoria, que fue modificada por DNU, y el debate se reanudará el jueves a las 11 en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que encabeza la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning.
Allí fueron citados el ministro de Economía, Luis Caputo; el director ejecutivo de la Anses, Mariano De Los Heros; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y al subsecretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Ignacio López Montoiro. Hasta este martes, ninguno había confirmado asistencia. También se invitó a especialistas en materia previsional.
La discusión tiene varias aristas. Desde la UCR y Hacemos Coalición Federal reclaman una compensación mayor por la pérdida sufrida frente a la inflación. Unión por la Patria también rechaza el pago desdoblado de los haberes y anticipó que pedirá firmar un dictamen prohibitivo el próximo martes 9.
Pero además, el debate también está atravesado por el DNU publicado en la previa de Semana Santa que eliminó los giros a 13 provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación, entre ellas Córdoba, lo que abrió un nuevo frente de batalla con gobernadores. El Gobierno desmintió la medida y aclaró que los montos serán girados una vez que culmine una auditoría de la Anses.